El Consejo de la Magistratura intervino, el miércoles, el Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal que está a cargo del juez Róger Salvatierra. El actuado fue motivado por denuncias de víctimas de ultraje sexual, de violencia contra niños, niñas y mujeres que buscan justicia por hechos vinculados con violencia machista.

La operación estuvo a cargo del director de Control y Fiscalización de la Magistratura, José Ernesto Linares Mercado, así como de Carlos Ramos en su calidad de jefe de la Unidad Nacional de Control de la mencionada institución judicial.

Durante el desarrollo de esta acción legal, el juez Salvatierra fue notificado de manera oficial para la intervención de su despacho.

El interventor Linares Mercado manifestó que comenzó la revisión de todos los expedientes a merced de denuncias formales y demandas expuestas a través de los medios de comunicación por el tratamiento lento y supuestamente desprolijo de este tipo de casos sensibles.

Linares explicó que se cumplieron con los protocolos y se realizó la acreditación del personal. Hay dos denuncias, una de ellas presentada en Sucre, mientras que las demás fueron difundidas en medios de comunicación y es posible que dentro de 10 a 15 días la Dirección Nacional de Control y Fiscalización emita un informe sobre la situación del juez.

El interventor anticipó que las investigaciones pueden establecer responsabilidad penal y medidas disciplinarias. De evidenciarse este escenario penal, el caso puede ser derivado a la Fiscalía. Linares señaló que no se puede emitir criterio hasta que se analicen las causas..

Clamor de las víctimas

Esta intervención fue impulsada por el presidente del Consejo de la Magistratura, Marvin Molina, luego del pedido de víctimas durante reuniones en la Brigada Parlamentaria de Santa Cruz, donde diputados recibieron informes de la directora de la Red Ciudadana Contra el Infanticidio y el Abuso Sexual Infantil, la abogada Jessica Echeverría.

Ante víctimas y la diputada José María Salazar (CC), la jurista expuso las denuncias contra el juez Róger Salvatierra. En ese encuentro se resolvió activar las medidas administrativas para establecer las responsabilidades.

Echeverría aseguró uno de los casos que conmovió es la violación agravada a un niño de siete años mientras su madre viajaba al Chapare. Sucedió en un condominio de Santa Cruz a manos de un sujeto. La madre lo dejaba al cuidado de su amigo y este lo ultrajó sexualmente y también abuso de otros infantes. Fue detenido pero el juez Salvatierra lo liberó. Sin embargo, el fallo ya fue revocado. El padre del niño, un colombiano ayer llorando agradeció por la intervención y dijo que ya hay señales de justicia.

También se denunció al juez por encarcelar a la concejal de Roboré, Blanca Ardaya Cadario, por denunciar a su exesposo por violencia machista. En este caso, fue la víctima quien fue enviada al penal sin considerar su edad y una enfermedad. Ardaya acudió ayer al juzgado junto con las víctimas y expuso su caso ante el interventor del Consejo de la Magistratura.

Echeverría aseguró que son muchos los casos de ultraje que el juez estaba dejando en la impunidad y haciendo sufrir a víctimas. Consideró que más allá de la intervención el juez debe ser sancionado y separado del cargo. “Hemos visto llorar a padres, madres y tantas víctimas por la intervención. Estamos agradecidos al Consejo, tenemos que seguir luchando ”, dijo la jurista.

Linares aseguró que está prevista la inspección a otros tribunales. Entre ellos el Octavo para analizar expedientes tras denuncias. Exhortó a jueces a responder a su conciencia y a la ley, pero sobre todo a la sociedad.

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