Tomy Pérez Alcoreza

El pasado 15 de diciembre, Bolivia vivió nuevamente un proceso trascendental: la elección de magistrados a los más altos tribunales de justicia del país —el Tribunal Constitucional Plurinacional, el Tribunal Supremo de Justicia, el Consejo de la Magistratura y el Tribunal Agroambiental—, un mecanismo que, bajo la Constitución Política del Estado, se realiza por voto popular. Esta es la tercera vez que los bolivianos acuden a las urnas para decidir el futuro de la justicia, un ejercicio democrático que, en teoría, debería ser una herramienta para fortalecer la institucionalidad y garantizar un sistema judicial más justo y transparente.

Sin embargo, esta elección estuvo marcada por dudas y cuestionamientos desde su inicio. La Asamblea Legislativa Plurinacional, encargada de la preselección de candidatos según el numeral 5 del Parágrafo I del Artículo 158 de la CPE, enfrentó críticas por las metodologías aplicadas y los perfiles seleccionados. La percepción ciudadana es clara: muchos de los postulantes no cumplen con los estándares de idoneidad y mérito necesarios para ocupar funciones tan altas y delicadas.

El rechazo ciudadano se hizo evidente en las urnas. Los altos porcentajes de votos nulos y blancos no solo representan una desaprobación al proceso, sino también un grito de frustración ante un sistema que parece ignorar las demandas de una población cansada de la ineficiencia y los vicios que han debilitado la justicia en Bolivia.

A esto se suma una deficiente socialización de los perfiles de los candidatos, tarea que recae en el Órgano Electoral. Gran parte de los votantes acudió a las urnas sin información suficiente, sintiendo que su decisión carecía de impacto real en el futuro del sistema judicial.

Este panorama evidencia que, si bien la elección popular de magistrados es un mecanismo innovador y potencialmente transformador, su implementación ha sido deficiente. La falta de transparencia y participación efectiva ha desvirtuado un proceso que debería ser una oportunidad para fortalecer la confianza en la justicia.

Es urgente un cambio. Bolivia no puede permitirse seguir perdiendo la esperanza en uno de los pilares fundamentales de la democracia: la justicia. La solución no pasa únicamente por ajustes cosméticos al proceso electoral, sino por una revisión profunda que podría implicar modificaciones a la Constitución. Un camino sería ampliar la participación en la preselección de candidatos, incluyendo a universidades, colegios de profesionales y otros actores de la sociedad civil, para garantizar que los postulantes sean evaluados de manera técnica, imparcial y meritocrática.

Este año, la población expresó su descontento de manera contundente. Ahora, corresponde a las autoridades escuchar este clamor y actuar con responsabilidad y compromiso. La justicia no puede seguir siendo un terreno de disputa política ni un escenario de improvisación. Bolivia merece un sistema judicial digno, transparente y capaz de responder a las demandas de su pueblo.