Sin duda, los 19 días de bloqueo de caminos que se cumplen hoy marcan la peor crisis institucional que enfrenta la democracia boliviana desde octubre de 1982, y las consecuencias todavía son imprevisibles.

Lamentablemente, hace más de 20 años que en Bolivia se instauró la cultura del bloqueo de caminos, Una medida que se ha hecho recurrente por diversos motivos. Pero la actual movilización es distinta por los fines últimos que persiguen los sectores movilizados. Buscan que, más allá de las normas de su propio partido y de las reglas del juego político, Evo Morales vuelva a ser candidato a la Presidencia, y, en segundo lugar, quieren lograr impunidad absoluta para el expresidente del Estado.

Sobre la presencia de Morales en el escenario político nacional puede existir una larga discusión; pero lo que no se puede ni debe negociar, bajo ninguna circunstancia es que se busque impunidad para una persona acusada de estupro, con al menos una denuncia formal y una relación que fue de conocimiento cuando Morales estuvo en Argentina. Los delitos sexuales contra las mujeres merecen una enérgica condena, y ese mismo tipo de crímenes contra menores de edad cometidos por adultos mayores dotados de cierto poder, son especialmente repugnantes.

Naturalmente, toda persona tiene derecho a la presunción de inocencia y al debido proceso. Morales no es la excepción, y para todos hubiera sido razonable que defendiera su inocencia con contundentes  desmentidos y con pruebas de descargo si era necesario. Pero por toda defensa, Morales y sus abogados optaron por agredir e insultar a los periodistas que hicieron las preguntas necesarias para la sociedad e incómodas para su poder.

En ese contexto, el bloqueo de caminos es mucho más indignante. Es castigar a un país para socapar la conducta ilegal de una persona. Peor aún, los bloqueadores disponen de armas de largo alcance, abundante cantidad de dinamitas y respaldo económico suficiente para mantener a miles de personas movilizadas en los diferentes cortes de vías con coca, alimentos y bebidas. Porque mantener un bloqueo es caro, y vaya que Morales lo sabe.

¿Quién debería restablecer el orden y la tranquilidad? Es más: ¿quién debió evitar que el país llegue a este punto crítico? Luis Arce Catacora, presidente constitucional de Bolivia; pero no lo hizo. Pudo ser cobardía o ineptitud, pero el presidente estaba advertido de la crisis que asomaba porque incluso hubo anuncio y postergación. Pudo movilizar tropa policial y militar en las carreteras antes que se colocara la primera piedra en el camino. Pero no lo hizo.

El gobierno nacional ha demostrado una conducta recurrente: negar los problemas, culpar a otros y, finalmente, reaccionar tarde y mal. La conducta en los bloqueos es una clara confirmación. Cuando se sentían los primeros efectos de los bloqueos, Luis Arce se fue a Rusia; volvió y prefirió asistir a actos de relativa importancia en el departamento de Pando, por ejemplo, mientras reducidos grupos policiales eran masacrados por bloqueadores armados.

El rechazo a los bloqueos es masivo, cierto. Mucha gente exige que se declare estado de sitio, y que se militarice Chapare. Pero, ¿existe conciencia de la gravedad de las circunstancias? En 2003, la intervención de las Fuerzas Armadas se saldó con la muerte de 70 civiles, en 2020 se produjeron 20 decesos en Senkata, Sacaba y El Pedregal. En este caso, una medida de esas características podría tener un resultado mucho más luctuoso y nefasto.  Y no, la democracia no puede ser sinónimo de sangre o impunidad.

La actual circunstancia requiere de un presidente valiente, firme y sereno, virtudes que deben guiar al mandatario a buscar soluciones razonables antes de provocar un baño de sangre. La historia reciente ha demostrado que los muertos en las calles entierran a los gobiernos y que las heridas abiertas tardan mucho cicatrizar y a veces no se cierran.

¡Paz para Bolivia!