El presidente del Senado promulgó la ley que cesa el mandato de las máximas autoridades de la justicia desde enero de este año. La decisión se cumple, de acuerdo a la norma promulgada, en virtud del mandato de la Constitución Política del Estado, donde se establece que la función de los magistrados es de seis años, por lo que invalida la autoprórroga abusiva que ellos establecieron siendo juez y parte. Se acaba así una acción cuestionada por organizaciones políticas y la sociedad civil.

La Constitución Política del Estado, en sus artículos 183, 188, 194 y 200, señala claramente que las Magistradas y los Magistrados, no podrán ser reelegidas ni reelegidos. Su periodo de mandato será de seis años. Esa regla se aplica a las altas autoridades del Tribunal Supremo de Justicia, del Tribunal Agroambiental, del Tribunal Constitucional y del Consejo de la Magistratura.

Si se ve la situación desde la aplicación de la Constitución, la autoprórroga fue una vulneración de la Carta Magna, a pesar de que la argumentación era que el país no se podía quedar sin autoridades en esas altas cortes. Hay que recordar que estos magistrados del TCP dieron curso a más de 50 amparos constitucionales destinados a obstaculizar la realización de las Elecciones Judiciales en 2023, como debería haber sido en un estado de derecho.

Todo eso dio pie a la mentada autoprórroga que había convertido a las autoridades del Tribunal Constitucional en intocables y todopoderosas, ya que mediante sentencias constitucionales bloqueaban todo aquello que les estorbara a sus miembros y al poder de Luis Arce en el Ejecutivo.

La redacción de la ley indica claramente que, en ausencia del presidente, asume el vicepresidente; mientras que el titular del Senado (en este caso Andrónico Rodríguez) queda como cabeza del Poder Legislativo, con atribución para promulgar la ley en cuestión.

Si cabía alguna duda sobre la confabulación entre los magistrados del Tribunal Constitucional y el arcismo, esta queda despejada después de conocer la inmediata reacción del diputado Juan José Jáuregui que anunció un proceso penal contra el presidente del Senado por promulgar esa ley, indicando que su acción es una desobediencia a resoluciones constitucionales.

La pregunta entonces es, si el Tribunal Constitucional emite sentencias que van contra la Constitución, ¿cuál es la forma de ponerle freno? O ¿quién defiende al pueblo del abuso de estos magistrados?

Hay que recordar que los autoprorrogados atentaron contra la democracia con la decisión de permanecer en funciones a pesar de la Constitución; después anularon sesiones del Poder Legislativo y últimamente suspendieron la elección de autoridades del Tribunal Supremo de Justicia y del Tribunal Constitucional en cinco departamentos. Con desfachatez, dos vocales de la sala constitucional cuarta: Iván Espada y  Gonzalo Hurtado, se siguieron prorrogando en las funciones, con lo que adquirieron un poder ilimitado, bajo el argumento de que hacían cumplir la Carta Magna.

Lo hecho por el presidente de la Cámara de Senadores, en el marco de la votación que hubo en la Asamblea Legislativa, reordena la institucionalidad, la separación de poderes y el respeto a la democracia. Esta vez lo hizo sin que el arcismo tuviera tiempo de apagar la luz y boicotear la sesión, como lo hizo hace meses cuando se aprobó una norma similar, que presurosamente fue anulada por los autoprorrogados, que se sentían afectados.

La ley promulgada por Andrónico Rodríguez establece que los magistrados cumplieron su mandato a principios de este año y ratifica esa situación, con lo que las sentencias aprobadas después de esa fecha serían nulas. De esa manera, por ejemplo, no estaría validado el Congreso del MAS arcista.

Si bien es parte de la pugna interna del partido en función de Gobierno hay que destacar que los bolivianos se libran de la constante amenaza de magistrados dispuestos a fallar sobre cualquier tema, siempre que los beneficie a ellos y favorezca los intereses del poder político de Luis Arce.

El bien mayor es la democracia. La ciudadanía debe ser consciente de ello y defenderla de cualquier maniobra que pretenda cercenar los derechos ciudadanos y la Carta Magna.