Bolivia se enfrenta hoy a un desafío crucial para su libertad económica. La libertad que permitió a este país forjar su identidad y progreso está en peligro, no por factores externos, sino por políticas internas que buscan controlar de manera excesiva la economía y restringir la libertad de los empresarios. La reciente propuesta del Gobierno de expropiar divisas generadas por las exportaciones, es un claro ejemplo de cómo se están enviando señales contrarias a lo que la Constitución Política del Estado (CPE) establece en cuanto al derecho a la propiedad privada y la función social de la misma.​

Según el Artículo 56 de la CPE, toda persona tiene derecho a la propiedad privada, ya sea individual o colectiva, siempre que cumpla una función social. Estas disposiciones constitucionales son fundamentales para proteger los derechos de los ciudadanos y para fomentar un entorno en el que la iniciativa privada pueda florecer sin interferencias indebidas del Estado.

El afán de controlar todo, desde las divisas hasta las operaciones de los empresarios, no solo va en contra del espíritu de libertad que debería prevalecer en una economía de mercado, sino que también tiene efectos negativos en la economía del país. La intervención excesiva del Estado en la economía rara vez produce resultados positivos a largo plazo. Ejemplos de países como Venezuela y Argentina, que han implementado políticas similares, muestran que estas medidas llevan a la fuga de capitales, la desindustrialización y una crisis económica de gran magnitud. En lugar de atraer inversiones y promover el crecimiento, el control estatal ahuyenta a las industrias, genera corrupción y fomenta la burocracia, lo que a su vez empobrece al país.

La reciente reunión entre el presidente Luis Arce y los empresarios privados de todos los sectores comenzó con una palpable tensión, resultado de las crecientes preocupaciones sobre el rumbo económico del país. Si bien el 6 de agosto el presidente Arce habló de la necesidad de dialogar sobre temas clave como las divisas, exportaciones e importaciones, generando una esperanza de colaboración, esta esperanza se desvaneció rápidamente cuando el Gabinete Social, recomendó el control de las divisas generadas por las exportaciones del sector privado.

Los exportadores bolivianos se han declarado en estado de emergencia. Saben que controlar las divisas no es la solución a los problemas económicos del país y que, en realidad, solo serviría para agravar la situación. Durante décadas, se ha visto cómo estas políticas fracasan en otras naciones, llevando a una debacle económica de la que Bolivia debería aprender.

El control de divisas, lejos de estabilizar la economía, solo contribuiría a profundizar la pobreza y la desigualdad, favoreciendo a unos pocos mientras perjudica a la mayoría. Los gremios empresariales saben que un país libre necesita libertad para que sus empresarios puedan trabajar y generar riqueza, no más control estatal. Lo estamos viviendo cuando vemos que más de un millar de empresarios bolivianos se asentaron en Paraguay para desarrollar sus inversiones.

En un país como Bolivia, donde la libertad fue ganada con esfuerzo, es imperativo que el Gobierno respete los derechos de los ciudadanos y promueva un entorno en el que la iniciativa privada pueda prosperar sin trabas. Solo así podremos garantizar un futuro de progreso y bienestar para todos los bolivianos.