Al mediodía del 4 de junio de 2012, Zarlet Clavijo, que entonces tenía 17 años, fue vista por última vez por la avenida 16 de Julio, El Prado en La Paz, tras salir de la oficina de su mamá.
Han pasado 12 años desde ese día de angustia para su familia, especialmente para su madre, Marcela Martínez, una verdadera luchadora, que, en lugar de rendirse al dolor, ha encontrado fortaleza en la lucha por encontrar a su hija y en su compromiso con la búsqueda de niñas, adolescentes y mujeres víctimas de trata de personas, además de brindar apoyo a sus familias.
“Soy mamá de Zarlet, que fue secuestrada el 4 de junio del año 2012. A partir de ese momento, como abogada y periodista, me especialicé en el delito de trata de personas a nivel internacional y, sobre todo, en la atención de las sobrevivientes”, afirma con un tono firme y seguro.
La desaparición de personas es una tragedia que se repite en todos los rincones del mundo, afectando a miles de familias y comunidades. Las razones detrás de estas desapariciones son diversas, pero el impacto es siempre devastador.
Quienes trabajan en la búsqueda de personas desaparecidas aseguran que las primeras 48 horas son fundamentales para encontrar una línea de investigación que permita localizar a la persona.
Convencidos de aportar con iniciativas que ayuden a solucionar esta problemática, estudiantes de las carreras de Psicología, Derecho e Ingeniería de Sistemas de la Universidad Franz Tamayo, Unifranz, se han planteado la misión de contribuir de manera tangible a través del UniHackz (maratón creativa), quienes trabajan en soluciones tecnológicas que ayude en la prevención del delito y en la atención en tiempo real a las víctimas y sus familiares.
“Desde el ámbito normativo (Derecho), estamos trabajando todo el paraguas legal que tiene que sustentar nuestra propuesta; desde Psicología se trabaja en el efecto psicológico preventivo para esta aplicación y, desde Ingeniería de Sistemas, se va a desarrollar la aplicación misma (…). Esta aplicación de desaparición de personas busca ayudar en la prevención y en la atención en tiempo real si sucede el hecho”, explica la directora de la carrera de Derecho de Unifranz, Mirtha Vargas.
El trabajo se lleva adelante de forma coordinada con el Servicio Departamental de Política Social (SEDEPOS) de la Gobernación de Cochabamba y el producto final se entregará a fines de 2024.
Vargas destaca que los estudiantes están trabajando bajo la orientación de mentores y facilitadores, con un enfoque preventivo desde la educación: "Se trata de actuar antes de que ocurra un incidente, pero también de contar con alternativas si llegara a suceder, contribuyendo así de manera efectiva".
En un mundo cada vez más interconectado, la desaparición de personas es un problema que trasciende fronteras y requiere una acción global. Asimismo, no es solo un asunto privado, sino una herida abierta en el tejido de la sociedad.
En Bolivia, la desaparición está muy vinculada con la trata de personas, una actividad ilícita que atenta contra los derechos fundamentales de los seres humanos y que reporta un peligroso incremento en la última década. Martínez lamenta que por muchos años se haya negado este delito en el país, mismo que fue normado recién el 31 de julio de 2012, con la promulgación de la Ley Integral contra la Trata y Tráfico de Personas (Ley 263).
“Al inicio, más allá de tomar medidas de prevención, se negaba la existencia del delito”, reflexiona Martínez, quien, luego del secuestro de su hija Zarlet Clavijo el 4 de junio de 2012, abandera el activismo contra este delito global y, sobre todo, apoya en la atención a los sobrevivientes de trata de personas. Actualmente dirige la Red de Alerta Temprana “Zarlet Ilumina”.
La abogada destaca que, pese al sombrío panorama, desde algunos años el trabajo respecto a la lucha contra este flagelo es coordinado a nivel nacional, a través de redes de organizaciones de la sociedad civil, familiares de las personas desaparecidas e instituciones independientes como son fundaciones y ONGs, que se han especializado en la problemática.
“Lamentablemente, más allá de la aprobación de la ley 263 y la conformación del Consejo Plurinacional de lucha contra la trata de personas no hay resultados tangibles ya que el número de casos más bien ha ido en aumento y también el número de casos sin resolver continúa en aumento y, si bien ahora existen redes como la que dirijo -Red de Alerta Temprana Zarlet Ilumina- y que logramos encontrar y recuperar a muchas de las víctimas, todavía no se efectiviza la norma, es decir, no se cumple”, reflexiona Martínez.
Trata de personas
La trata de personas, con fines principalmente de explotación sexual y laboral, es uno de los delitos más antiguos relacionados con la desaparición de personas y sigue prosperando en pleno siglo XXI. Según la Organización de las Naciones Unidas (ONU), este delito, además de ser una grave violación de los derechos humanos, afecta especialmente a las personas en situación de vulnerabilidad.
“La trata de personas sigue siendo un problema acuciante a escala mundial. A pesar de la criminalización de esta grave violación y de las décadas de intervención, se estima que, en un día cualquiera, la trata y las formas conexas de explotación afectan a casi 50 millones de personas”, sostiene la ONU.
En el país, la situación es cada vez más alarmante. Datos de la Fiscalía General del Estado (FGE) revelan que en 2023 se registraron 1.359 casos relacionados con delitos inmersos en la Ley Integral Contra la Trata y Tráfico de Personas. De éstos, el 73% corresponde a la trata de personas con 989 casos, mientras que 45 denuncias se vinculan al tráfico de personas.
En tanto, la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) reporta que, a nivel nacional, durante el primer semestre de 2024, hubo 1.807 denuncias sobre desaparición de personas, de las cuales más del 80% fueron resueltas, pero aún continúan en la búsqueda de 427. El promedio de edad de las personas reportadas como desaparecidas es de 13 a 18 años. La Paz es el departamento con la mayor cantidad de casos.
Diferencias entre trata y tráfico de personas
A menudo, los términos "trata" y "tráfico de personas" se utilizan indistintamente, aunque se trata de dos delitos diferentes.
La organización no gubernamental EDUCO aclara que la trata de personas implica captar, trasladar, acoger o recibir personas para su explotación, mediante engaño, amenaza, fuerza o coacción, aprovechándose de su vulnerabilidad.
En cambio, el tráfico de personas se refiere al tránsito ilícito de individuos entre fronteras a cambio de un pago.
¿Indiferencia social?
La normalización del delito de trata de personas es un problema que se agrava ante la indiferencia social.
Sin embargo, para Martínez, el problema no radica tanto en la indiferencia como en la curiosidad y el morbo con el que la sociedad reacciona ante estos casos ya que, muchas veces, se tiende a cuestionar las circunstancias de la desaparición, sin considerar la tragedia que la víctima y su familia han vivido.
“Nuestra red se enfoca en buscar y rescatar a sobrevivientes de este delito, y respetamos la dignidad de las personas, especialmente cuando son menores de edad”, asegura.
A pesar de la falta de empatía generalizada, Martínez destaca que en estos 12 años se ha logrado construir una red de voluntariado sólida, con más de 18.000 personas activas en diferentes redes sociales, lo que ha permitido recuperar a personas desaparecidas en un 90% de los casos, cuando se actúa en las primeras 24 horas.
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