Estaba programado que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, acudiera la mañana de este jueves a la Fiscalía de La Paz para declarar por la denuncia en su contra presentada por la exdiputada Lidia Patty, pero ayer, el fiscal de materia, Omar Mejillones, suspendió la cita al considerar que la estrategia investigativa disponía primar la declaración de su padre.
Para el secretario jurídico de la Gobernación, Efraín Suárez, se trata de un "argumento burdo" porque es la misma Fiscalía la que "genera el cronograma de citaciones" y podía resolverse permitiendo que el padre del gobernador, José Luis Camacho, declare en Santa Cruz de la Sierra. Sin embargo, el proceder del Ministerio Público, a decir de Suárez, "carece de seriedad".
"En los últimos cinco o siete días se trató de generar terror en Santa Cruz y especialmente en el gobernador para que pida declarar en Santa Cruz", manifestó el secretario jurídico. Suárez observa la falta de condiciones de seguridad y las amenazas vertidas en contra de Luis Fernando Camacho y responsabiliza al ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, de actuar como "portavoz de los grupos irregulares".
Ante los micrófonos de 'Influyentes', de EL DEBER Radio, Suárez señaló que "la intencionalidad del Gobierno es que (Camacho) desista de ir a declarar a La Paz". Aunque aclara que "eso no iba a pasar, puesto que el gobernador no se va a salir del marco de la legalidad en un juicio inventado".
Suárez replica las palabras pronunciadas por Camacho anoche en la plaza 24 de Septiembre e insiste en que "el temor (del ejecutivo) es a la resistencia y movilización de la ciudadanía que genera Santa Cruz".
Un proceso político
Durante la entrevista radial, Efraín Suárez valoró la intencionalidad política que envuelve al caso de terrorismo, sedición y conspiración. "no existen pruebas porque no las hay", insiste y agrega que "estamos ante un hecho político y no judicial".
Respecto a la crisis política de 2019, recuerda que los hechos "han sido tan públicos que no hay forma legal de generar un hecho delictivo". Y ahonda sobre las masacres de Sacaba y Senkata para responsabilizar al Gobierno transitorio "y no a la movilización ciudadana ocurrida días antes, que es un hecho aparte".
Posición institucional
Finalmente, el secretario Jurídico de la Gobernación defendió la jurisdicción natural de Santa Cruz y plantearán los recursos necesarios para que las declaraciones se tomen en Santa Cruz. "No solo para el gobernador, sino para todos los implicados en la demanda", puntualiza.