El gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, detenido desde diciembre de 2022 en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, declaró ante la fiscal Marcela Terceros que investiga una nueva denuncia. Se trata del sexto proceso penal en su contra.
Esta nueva pesquisa penal está vinculada con “contratos lesivos con el estado, uso indebido de influencias y negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas”, delitos que Camacho pudo cometer en la compra de maquinaria pesada para la Gobernación.
Camacho explicó, en su declaración, que este proceso no estaba vinculado con su despacho sino cono el Responsable de los Procesos de Contratación (RPC), de acuerdo con las normativas de adquisición de bienes que rige para todo el país.
La denuncia fue planteada por el asambleísta Dilfe Rentería (MAS), quien afirmó que la acusación es por un “sobreprecio de medio millón de Bolivianos” en la adquisición de un lote de maquinaria para el Servicio Departamental de Caminos (Sedcam).
Rentería dijo que había orugas, motoniveladoras y retroexcavadoras entre los bienes.
El gobernador cruceño enfrenta tres cargos vinculados con protestas ciudadanas. El caso Golpe I y II, además de cargos por el paro de los 36 días que tuvo lugar en 2022. A estos se suman los procesos por el Carro Bombero, ‘Decretazo’ y otro por supuesto ultraje a los símbolos patrios.
A estos casos se sumó el caso Notaría y este último que motivo una primera declaración y, probablemente, de otras medidas cautelares.
La celda donde está el gobernador de Santa Cruz está a siete metros del bloque B donde hubo el amotinamiento de reclusos contra la Policía, liderado por Misael Nallar. La defensa de Luis Fernando Camacho alerta que su vida está en peligro.