Asambleístas de la oposición pidieron la renuncia del ministro de Justicia, Iván Lima, al revelarse la carta de renuncia de Susana Rivero, ex diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Susana Rivero, como lo señaló el informe de la Conferencia Episcopal de Bolivia (CEB) sobre los hechos ocurridos el último trimestre de 2019.
En días pasados, el ministro Lima manifestó que los representantes eclesiásticos tienen que demostrar que la exdiputada Rivero habría entregado su carta de renuncia antes de la toma de juramento de Jeanine Áñez a la presidencia.
“Si me muestran la renuncia de Susana Rivero, yo renunciaría como ministro de Justicia”, aseveró la autoridad.
El diputado de Comunidad Ciudadana (CC), Beto Astorga afirmó que al demostrarse la carta de renuncia de la ex asambleísta masista, Lima debe cumplir su palabra y renunciar.
“Pero conociéndolo a Lima, no lo hará porque es parte de su doble discurso. Cuando ha entrado al ministerio dijo que iba a cambiar la justicia, pero lo ha dejado al margen, porque a él le interesa sólo lavar la cara de su jefe, Evo Morales”, señaló a Página Siete.
Por su parte, la senadora Centa Rek (Creemos) apuntó que los actos del Ministro de Justicia demuestran que Lima se ha convertido en un operador de la persecución política contra los opositores.
“No goza de prestigio, se lo ve como el ejecutor del plan para tergiversar la verdad histórica de lo que ocurrió Bolivia en 2019, es una de las personas encargadas en tratar de borrar el fraude electoral. Es un mentiroso que no tiene escrúpulos cuando se trata de borrar el fraude”, destacó.
El portal ChequeaBolivia.bo verificó que Rivero sí presentó su renuncia el 10 de noviembre de 2019 a las 20:06 y más tarde borró esa información. Mientras que la exlegisladora, en su declaración ante la Fiscalía afirmó que presentó su dimisión el 14 de ese mes, cuando la expresidenta Áñez asumió la jefatura del Estado.
A la versión de la Iglesia se suma la de un ex senador del MAS que sostiene que el expresidente Evo Morales siguió desde su exilio y tomó decisiones durante la negociación de pacificación del país en 2019. Carlos Romero niega esta versión