Windsor Hernani Limarino /Economísta y diplomático de carrera

Concluyó la semana de Alto Nivel del 79 período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, con la asistencia de varios Jefes de Estado o de Gobierno. En el caso boliviano asistió la Ministra de Relaciones Exteriores, Celinda Sossa Luma.

Nada hay para destacar del discurso boliviano ante la ONU, que fue una mera repetición de los dogmas, ya ni siquiera del denominado “progresismo”, sino del socialismo cubano.

Como manda el manual, acusó al capitalismo de todos los males que padece la sociedad como: la inequidad económica, la violación de los derechos humanos, la crisis medio ambiental materializada en la quema de bosques, la contaminación, la pérdida de diversidad y la destrucción o avasallamiento de tierras indígenas.

Fue un gazmoño discurso. Juzgó, criticó y se espantó de lo mismo que padecemos los bolivianos. Es la acostumbrada doble retórica de la diplomacia de los pueblos, proclamando y abogando por valores, principios y políticas en el ámbito internacional, mientras en lo interno se hace todo lo contrario.

El ejemplo por demás ilustrativo es que en el ámbito internacional se alza la voz y se proclama los derechos de la Madre Tierra. Sin embargo, la prédica choca con la amarga realidad boliviana, donde en solo tres meses se han quemado casi siete millones de hectáreas de bosques, destruyendo la biodiversidad y los hábitats indígenas; e impactando en el aire y la salud de los habitantes de varias ciudades en Bolivia. Entre tanto, autoridades, con la más absoluta indolencia, no solo se niegan a abrogar las leyes incendiarias, sino que además otorgan nuevos permisos de quemas.

La lista del daño ambiental que ocurre en Bolivia es enorme. Los derrames de la actividad de la minería ilegal y de la producción de estupefacientes, están contaminando los suelos y ríos dejando gran cantidad de pasivos ambientales.

La prédica también abogó por un compromiso verdadero para con el respeto los derechos humanos. En pero, hoy como nunca, Bolivia acumula numerosos cuestionamientos por parte de los organismos internacionales. Así, están los informes del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, que refieren que hay un menoscabo de los Derechos humanos y que la justicia boliviana no funciona y en algunos casos es utilizada como un instrumento de coerción y persecución a opositores.

Si de derechos humanos se trata, especial énfasis hay que poner en la protesta hecha por la Canciller de levantar las medidas coercitivas unilaterales, que, según ella, violan los Derechos humanos más elementales y afecta al desarrollo de Cuba, Nicaragua y Venezuela; considerándolo como actos hegemónicos e injerencistas.

La defensa incondicional que se realiza a estas tres dictaduras muestra una absoluta falta de empatía para con los ciudadanos, de estas tres naciones que son los que sufren la sistemática violación de sus derechos. Acciones gubernamentales que están documentadas en los informes de las instituciones de protección de Derechos Humanos del sistema multilateral, que nuestras autoridades diplomáticas no leen.

Sobre la no injerencia, una vez más lo digo, la libre determinación es de los pueblos, refriéndose al conjunto de personas que viven en el país; y que en estos tres específicos casos, mayoritariamente han expresado en las urnas y en las calles que quieren su libertad. El principio consagrado en la Carta de Naciones Unidas, no dice que hay que respetar la libre determinación de Maduro, Ortega o Díaz-Canel. Nuevamente reitero, es necesario leer y leer bien.

No vale la pena ahondar más en la doble retórica de la diplomacia de los pueblos, salta a la vista que la prédica internacional no concuerda con la práctica interna. Solo cabe concluir que es mucha ingenuidad pensar que los países, califican a los gobiernos escuchando las palabras de sus representantes y no observan su comportamiento.