Jorge Zogbi*

La crisis económica que atraviesa Bolivia está afectando a diversos sectores productivos, y uno de los impactos más visibles será el cierre de empresas. Las causas de esta debacle son múltiples y complejas, pero en su conjunto reflejan una profunda incertidumbre sobre el futuro económico del país. El colapso de empresas, tanto grandes como pequeñas, traerá consigo serias repercusiones no solo para el ámbito empresarial, sino para la sociedad en su conjunto.

La inflación es uno de los factores más importantes que está llevando a las empresas al borde de la quiebra. El aumento de los precios de insumos básicos, energía, transporte y materias primas ha disparado los costos operativos. Las pequeñas y medianas empresas (pymes) son especialmente vulnerables, pues muchas de ellas dependen de recursos importados, cuyo precio ha aumentado debido a la devaluación de la moneda local. Sin un ajuste proporcional en sus ingresos, muchas se ven obligadas a reducir su producción o cerrar sus puertas.

Con una economía debilitada, las instituciones financieras se han vuelto más reacias a otorgar créditos, lo que limita la capacidad de las empresas para financiar sus operaciones. Las altas tasas de interés y las estrictas condiciones de los préstamos dificultan el acceso al capital necesario para mantener la operación, especialmente para las pymes, que enfrentan dificultades de liquidez.

Por su parte la contracción de la demanda, tanto interna como externa, es otro factor determinante. La reducción del poder adquisitivo de los bolivianos, debido al aumento de la pobreza y la precarización laboral, ha disminuido el consumo de bienes y servicios. A esto se suma la caída de las exportaciones, producto de la desaceleración económica global y la caída de volúmenes de exportación de las materias primas que Bolivia exporta, como el gas, minerales y otros.

La incertidumbre política y social que ha caracterizado los últimos años en el país también juega un papel crucial en la crisis de las empresas. Las protestas, huelgas y cambios en las políticas gubernamentales generan un clima de inestabilidad que ahuyenta la inversión privada y dificulta la planeación a largo plazo. Esto ha llevado a muchas empresas a replantear sus operaciones o a tener que abandonar el mercado.

Uno de los efectos más inmediatos del cierre de empresas es el despido masivo de trabajadores. Millones de bolivianos dependen de su empleo para subsistir, y la desaparición de empresas dejará a muchas familias sin ingresos. El desempleo, además de generar una mayor pobreza, provoca un círculo vicioso donde la falta de trabajo reduce el consumo y perpetúa la crisis económica.

Ante la imposibilidad de encontrar empleo formal, muchos trabajadores se verán forzados a migrar al sector informal en proporciones mayores a la post-pandemia. Si bien esto puede ofrecer una salida inmediata, la informalidad conlleva riesgos significativos, como la falta de acceso a servicios de salud, pensiones y otros beneficios sociales. Además, debilita la economía formal, lo que limita la capacidad del Estado para recaudar impuestos y ofrecer servicios públicos adecuados.

Al desaparecer empresas productivas, disminuirá la oferta de bienes y servicios, lo que afecta al consumo y la inversión. La caída en la actividad económica reduce los ingresos fiscales del gobierno, limitando su capacidad para invertir en infraestructura, educación y salud.

Este cierre de empresas también tendrá consecuencias sociales graves. El aumento del desempleo y la pobreza generará tensiones sociales, con protestas y movimientos sociales más frecuentes, a menudo marcados por un creciente descontento popular. Esto derivará en inestabilidad política y mayor polarización en la sociedad boliviana.

Muchas empresas bolivianas están ligadas al sector exportador, y su cierre afectaría aún más la balanza comercial del país. La pérdida de empresas exportadoras impactaría la generación de divisas y la relación comercial con otros países, especialmente en un contexto en que Bolivia depende fuertemente de la exportación de materias primas.

La falta de políticas eficaces para mitigar la inflación, mejorar el acceso al crédito, incentivar la competitividad y garantizar la estabilidad política están llevando a un colapso de la economía, con consecuencias devastadoras tanto a nivel económico como social. Para evitar que esta tendencia continúe, sería urgente que el gobierno implemente medidas concretas para estabilizar la economía, apoyar a las Pymes y promover un clima de inversión favorable, así como garantizar el bienestar de los trabajadores, algo difícil de esperar en la actualidad.

*Jorge Zogbi ex superintendente tributario