El presidente Luis Alberto Arce Catacora finaliza con pena y sin gloria los peores 33 días de sus cinco años de gestión. El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) declaró improcedentes las tres preguntas del referéndum que propuso el mandatario con los objetivos de deslindar la responsabilidad que le compete para decidir sobre subvención al precio de los hidrocarburos y de acumular capital político con la superflua polémica sobre la participación de Evo Morales en las próximas elecciones generales.

Respecto al referéndum hay varios detalles que puntualizar: primero, una interpretación retorcida de las normas vigentes para impulsar una reforma constitucional vía decreto supremo, apartando del escenario a la Asamblea Legislativa; segundo, cuatro preguntas capciosas que fueron rechazadas por el Tribunal Supremo Electoral por no ser claras, precisas e imparciales, como manda la Ley 026; tercero, insistir en la ambigüedad al sugerir la suspensión “gradual” de las subvenciones; y, cuarto, presionar al TCP para que apruebe las cuestionantes sin tener el informe ni la resolución correspondiente del Órgano Electoral. En síntesis, fallaron todas las triquiñuelas urdidas por un grupo de gobernantes con escasa talla política.

Horas antes, el 29 de agosto, el Gobierno presentó los resultados del Censo Nacional de Población y Vivienda. Se vio al Director Ejecutivo del Instituto Nacional de Estadística anunciar con bombos y platillos que por primera vez en la historia Santa Cruz se convertía en el departamento más poblado del país, como si ese discurso grandilocuente fuese suficiente para ocultar una realidad que deja a todos con una sensación de engaño, simple y llanamente porque las cifras no cuadran con una realidad visible y contundente.

En medio de las tensiones provocadas por la falta de dólares y de combustibles, el censo o el referéndum, ocurrió otro escándalo que no puede ni debe pasar desapercibido. El Órgano Ejecutivo envió a la Cámara de Diputados un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF), del Banco Mundial, por 118 millones de dólares. El detalle es que el texto distribuido entre los parlamentarios estaba en Inglés, idioma que no es propio del Estado Plurinacional y que no figura entre las lenguas nativas reconocidas en la Constitución Política del Estado. En otras circunstancias, semejante desatino hubiera cobrado la cabeza de un ministro, pero no en el gobierno de Luis Arce.

Respecto al complicado momento económico que vive el país, el Presidente y sus ministros han admitido a duras penas que hay dificultades, pero la culpa es de todos: comerciantes, empresarios, vendedoras de mercado, transportistas pesados y miles de ahorristas que no pueden disponer libremente de sus ahorros en dólares, menos del hombre que fue ministro de Economía durante los 14 años de gobierno de Evo Morales y que ahora dirige el Estado.

Ni qué decir de los infructuosos diálogos con los empresarios del agro que no se cansan de clamar por seguridad jurídica y apoyo estatal para el uso de biotecnología, y que siempre terminan en declaraciones genéricas que no ayudan a garantizar una de las pocas fuentes de oxígeno para la economía boliviana.

Arce está, a no dudar, en una racha adversa que inició el 28 de julio con la aventura militar dirigida por el el depuesto Comandante del Ejército, Juan José Zúñiga. Un relato de golpe de Estado que solo creyeron a ciegas los miembros del entorno palaciego. Una historia tan frágil que dio más para sátiras y memes que para hablar de una auténtica defensa de la democracia boliviana.

Así, Arce inicia sus últimos 15 meses de gestión con desafíos que involucran el futuro de una Bolivia que no levanta cabeza. Tal vez sería bueno que el mandatario se dedique a gobernar con todos y para todos. Bolivia necesita un presidente idóneo o por lo menos responsable, más que un político con muchas ambiciones y escasas luces.