El Tribunal Supremo de Venezuela convalidó el grosero fraude electoral del 28 de julio al asegurar que Nicolás Maduro fue el ganador de los comicios presidenciales. Lo hizo sobre la base de una supuesta verificación de expertos, aunque todavía no se sabe quiénes son y tampoco se ha presentado ningún acta, como ha sido el clamor ciudadano y de la mayoría de los gobiernos de América y de Europa.

La sentencia la dio a conocer una exconcejal chavista, devenida en una funcional jueza del más alto tribunal de justicia de este país. La presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, Caryslia Rodríguez, leyó la sentencia “inapelable” y aseguró haber visto las actas de las máquinas de votación. No obstante, no mostró ninguna prueba al respecto.

Aunque no fue una sorpresa ni dentro ni fuera de Venezuela, la noticia causa indignación en el mundo democrático, porque confirma lo que se había estado denunciando: que el talante autoritario de Nicolás Maduro y su Gobierno tiene cooptados a todos los poderes del Estado y no tiene límites. Que arremete con el autoritarismo a pesar de la censura internacional y de las multitudinarias movilizaciones en este país y en muchos otros protagonizadas por ciudadanos que quieren recuperar la libertad.

Dentro de Venezuela la situación es dramática, porque ese autoritarismo se traduce en la más dura persecución a todos los que se atrevan a disentir con el fraude, eso incluye incluso a testigos de mesas electorales, periodistas, abogados y, ni qué decir a los opositores.

Ha sido conmovedora la reaparición de la líder opositora María Corina Machado llegando en una moto y con la cabeza cubierta a una multitudinaria movilización el sábado pasado, para estar al frente de una de las mayores protestas mundiales contra Maduro. 

A su vez, el candidato ganador de las elecciones, Edmundo González, está ahora citado por la Fiscalía para responder por “desobediencia”, ya que publicó el 80% de las actas electorales, en las que se demuestra su triunfo en los comicios, mientras el Ministerio Público asegura que esa es atribución exclusiva del Órgano Electoral, que hasta ahora ha sido incapaz de mostrar una sola acta que demuestre el triunfo de Maduro.

La última sentencia del Supremo de Justicia, lejos de legitimar la victoria de Maduro, ha exacerbado la censura internacional. El presidente de Chile, Gabriel Boric; el de Uruguay, así como una decena de naciones, junto con la Unión Europea criticaron duramente a la justicia y calificaron de dictador a Nicolás Maduro. 

Dentro de Venezuela, se exacerba la persecución e incluso hay prohibición de uso de plataformas sociales, porque son la vía por la que se convoca a las marchas nacionales e internacionales.

Hay una sistemática violación a los derechos humanos, incluso una demanda contra Nicolás Maduro ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad. Empero el dictador venezolano – a pesar de las inobjetables evidencias – goza del apoyo del Gobierno de Bolivia y del Movimiento Al Socialismo, lo cual es inadmisible para los ciudadanos que creen en la democracia y en la libertad como principio fundamental.

La comunidad internacional no debe permitir que esta dictadura se consolide porque sería un nefasto precedente y porque las condiciones de vida en Venezuela ya son dramáticas: una diáspora que supera los 8 millones de habitantes, más de 2.000 opositores encarcelados, personas desaparecidas y el drama humanitario en el que viven los venezolanos.

Es de esperar que, si tiene reales convicciones democráticas, el presidente Luis Arce deje de apoyar a un dictador que está reprimiendo a su pueblo y que se alíe a la izquierda de principios que hay en el continente.