Wilfredo Ticona Cuba

Las COP (Conferencias de las Partes) son reuniones anuales de la ONU enfocadas en coordinar la acción global frente al cambio climático. Se iniciaron en 1995 con el propósito de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y limitar el calentamiento global a menos de 2°C, preferiblemente a 1.5°C. Uno de los acuerdos más importantes fue el Acuerdo de París en la COP21 (2015), en el que los países miembros, como Bolivia, se comprometieron a establecer metas de reducción de emisiones conocidas como Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Bolivia ratificó su compromiso con la Madre Tierra y con el Acuerdo de París en abril 2022 “Bolivia se compromete prioritariamente a realizar actividades de adaptación al cambio climático, en un contexto de desarrollo sustentable y erradicación de la extrema pobreza, en las áreas de agua, energía y bosques/ agropecuaria”

Los países más desarrollados y más contaminadores, comprometieron a partir del 2020 movilizar 100.000 millones de dólares anuales con el fin de ayudar a los países en desarrollo a mitigar y adaptarse al cambio climático. Sin embargo, hasta la COP27 (2022), ese objetivo se alcanzó hasta un 83% y precisamente en esta reunión (COP27) se alcanzó un acuerdo histórico sobre la creación de un fondo de "pérdidas y daños" (Loss and Damage) para compensar a los países vulnerables por los efectos devastadores del cambio climático que ya no se pueden evitar. Sin embargo, el debate sigue sobre quién aportará los fondos y cómo se distribuirán.

Los informes del Comité Permanente de Financiamiento de la ONU señalan que los flujos financieros son insuficientes, especialmente en términos de adaptación. Las metas de reducción de emisiones y financiamiento siguen siendo difíciles de alcanzar debido a la dependencia de los combustibles fósiles y a la falta de mecanismos de cumplimiento. Esto deja a los países como Bolivia en una situación de vulnerabilidad, pero a través de la COP29 y otras instancias se busca asegurar que los fondos lleguen a quienes más lo necesitan para mitigar los daños ambientales y adaptarse de manera justa y sostenible. En la COP29, que se celebra estos días en Bakú, Azerbaiyán se espera establecer un nuevo objetivo de financiamiento que podría alcanzar hasta 2.4 billones de dólares anuales para 2030.

En medio del bullicio de los pasillos de la COP29 en Bakú, una sigla resuena con fuerza el NCQG (New Collective Quantified Goal = Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado). Este nuevo objetivo, que reemplazará la meta de los 100 mil millones de dólares anuales, será una de las principales fuentes de financiamiento para la acción climática de los países en desarrollo, como Bolivia. A una semana de celebrarse la COP29 las negociaciones se centran en consensuar entre las naciones y grupos como el Grupo de los 77 y China (G77+China), que reúne a 134 países en desarrollo, en torno a la cantidad o quantum del NCQG de al menos 1,3 billones de dólares de los países desarrollados a los países en desarrollo con un importante componente de provisión (recursos públicos) para adaptación, mitigación y pérdidas y daños.

Esta nueva meta, que entrará en vigor después de 2025, no es solo una cifra más alta. Representa un cambio fundamental en cómo pensamos el financiamiento climático. “Ya han pasado tres años de trabajo técnico. Este es el momento de tomar una decisión que realmente considere las necesidades de los países en desarrollo y demuestre la ambición de los países desarrollados, comenta el Grupo de Financiamiento Climático para Latinoamérica y el Caribe (GFLAC). El NCQG introducirá cambios revolucionarios: a) Prioriza la adaptación, no sólo la reducción de emisiones; b) Considera las pérdidas y daños que ya sufren muchas naciones; c) simplifica el acceso a los fondos y d) Reconoce las diferentes capacidades de cada país.

Es de esperar que este nuevo objetivo NCQG no termine sólo en una promesa y compromiso sin cumplir como los anteriores acuerdos y que los mecanismos de acceso a estos fondos sean simplificados, también se requiere ver compromisos concretos, plazos claros y mecanismos de rendición de cuentas, que se extraña de los anteriores acuerdos, más que todo en el cumplimiento de los recursos comprometidos. Este nuevo objetivo NCQG debe centrarse en asegurar financiamiento público, esencial para alcanzar áreas donde el sector privado no llega o no tiene interés. La ministra de Relaciones Exteriores de Bolivia, Celinda Sosa, exigió que el financiamiento climático a países vulnerables se realice mediante subvenciones en lugar de préstamos, proponiendo el uso de Derechos Especiales de Giro (DEG) como alternativa sin deuda.

En Bakú, las negociaciones pueden marcar un hito en el financiamiento climático, con el NCQG transformando el enfoque: ya no es solo una meta numérica, sino un sistema que atiende a los países más vulnerables. Carmen Vega, activista climática, destaca: "Parece que finalmente nos han escuchado, ahora debemos convertir las palabras en acción".

Para países como Bolivia y millones de personas en primera línea de la crisis climática, esta podría ser la diferencia entre la adaptación exitosa y el desastre. El tiempo dirá si esta nueva promesa puede cumplir con sus ambiciosas expectativas.

Dado que Bolivia es uno de los países más vulnerables al cambio climático en Sudamérica, la COP29 y el nuevo objetivo NCQG presenta una oportunidad para buscar apoyo financiero y técnico, no solo en términos de subvenciones y préstamos de fondos climáticos multilaterales como el Fondo Verde para el Clima (GCF) y el Fondo de Adaptación, sino también a través del involucramiento del sector privado. Se debe buscar facilitar el acceso a recursos adicionales, con un enfoque en la restauración de áreas afectadas y la construcción de infraestructura resiliente. También una mayor posibilidad de acceder a financiamiento multilateral y privado, enfocado en reducir el impacto de las sequías, proteger la biodiversidad, y mejorar la calidad de vida de las comunidades afectadas.

Esta COP29 es también una buena oportunidad y plataforma para que Bolivia actualice sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), enfocándose en medidas que protejan sus recursos naturales y comunidades frente a la creciente variabilidad climática. Las prioridades nacionales pueden incluir la restauración de cuencas hidrográficas, la reforestación de áreas degradadas, y el fortalecimiento de capacidades locales para la gestión del agua y la prevención de incendios.

En conclusión, la COP29 podría traer importantes beneficios para Bolivia, no solo podría obtener el respaldo para sus necesidades actuales, sino también construir una base más resiliente frente a las crecientes amenazas climáticas, protegiendo tanto la producción agrícola como la biodiversidad en el país. También contribuyendo a construir resiliencia y a mitigar las consecuencias climáticas, siempre y cuando logre alinear sus proyectos y políticas con los objetivos de adaptación y mitigación que se definan en esta cumbre.