El reciente aumento del precio de la carne en Bolivia ha provocado un clima de inquietud tanto entre los consumidores como entre los productores. Si bien el Gobierno ha apuntado a los intermediarios como los principales responsables de este encarecimiento, las decisiones tomadas en los últimos días han suscitado más preguntas que respuestas. La firma de un acuerdo entre el Gobierno y los comercializadores de carne, sin la participación de los productores, se presenta como una medida controversial que podría tener repercusiones negativas en un sector ya vulnerable.

El acuerdo, que establece una evaluación de las exportaciones de carne en un plazo de 30 días, ha dejado a los ganaderos en un estado de incertidumbre. Los ganaderos de Santa Cruz han advertido que la suspensión de exportaciones traería consigo una reducción de divisas, desempleo y un desincentivo en la producción de alimentos. Este panorama resulta alarmante, considerando que la industria cárnica ha sido un pilar para la economía boliviana.

La situación puso en evidencia que el aumento en el precio de la carne no se debe a un incremento en los costos de producción por parte de los ganaderos, sino a la especulación de los intermediarios. Así, según los productores, a pesar de que el precio del ganado en pie ha aumentado apenas un boliviano, el consumidor final está pagando hasta 15 bolivianos más por kilo de carne. Esto evidencia una brecha significativa entre el precio que reciben los productores y el que paga el consumidor, lo que despierta sospechas sobre el papel de los intermediarios en la cadena de suministro.

Y es más preocupante cuando se considera que este encarecimiento no solo afecta a las familias bolivianas, sino que también pone en riesgo las exportaciones de carne bovina. La industria cárnica ha trabajado arduamente para posicionar a Bolivia en el mercado internacional. Desincentivar la producción a través de medidas que limiten las exportaciones podría destruir años de esfuerzo y desarrollo en el sector. Esto no solo afectaría a los productores, sino que también repercutiría en la economía nacional en su conjunto.

Por otro lado, el Gobierno ha prometido un mayor control sobre los intermediarios, pero las acciones concretas aún son inciertas. La intención de coordinar acciones con los productores, suena a una medida reactiva y no a una solución efectiva. Si el Gobierno realmente desea abordar el problema del aumento de precios, debe involucrar a todos los actores de la cadena productiva, incluidos los ganaderos, en la toma de decisiones.

La falta de comunicación y acuerdos entre el Gobierno y los productores puede llevar a un deterioro aún mayor de la situación. La amenaza de extorsión por parte de los vendedores en los mercados revela un problema sistémico que requiere atención urgente. Los ganaderos no pueden ser los chivos expiatorios de un sistema que claramente está fallando en su estructura.

El aumento del precio involucra la especulación de intermediarios, decisiones gubernamentales cuestionables y un mercado que necesita ser reestructurado. La situación exige un enfoque transparente que no solo contemple el control de precios, sino que también asegure la sostenibilidad de la producción cárnica en el país, garantizando el acceso a alimentos asequibles para todos los bolivianos, pero también la exportación en momentos de aguda escasez de dólares.