Tras la muerte de Chávez en 2013, Nicolás Maduro asumió la presidencia y continuó con la centralización del poder. 

Las elecciones presidenciales de 2018 fueron particularmente controversiales, con múltiples denuncias de fraude y manipulación por parte del gobierno de Maduro, lo que ha llevado a muchos a argumentar que Venezuela ha evolucionado de una autocracia a una dictadura. 

El fraude electoral en Venezuela ha sido facilitado por una serie de tácticas que incluyen: 

1) Manipulación del Registro Electoral: El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha sido acusado de manipular el registro de votantes, eliminando votantes opositores y agregando votantes ficticios.

 2) Descalificación de Candidatos Opositores: Muchos líderes opositores han sido inhabilitados políticamente, impidiéndoles participar en las elecciones.

3) Intimidación y Coacción: El uso de fuerzas de seguridad y grupos paramilitares para intimidar a los votantes y a los candidatos opositores ha sido una táctica recurrente.

 4) Control sobre los Medios de Comunicación: La censura y el control estatal sobre los medios de comunicación han limitado la capacidad de la oposición para hacer campaña y comunicarse con los votantes.

 5) Manipulación del Conteo de Votos: Las denuncias de alteración en el conteo de votos y la falta de transparencia en el proceso electoral han socavado la confianza en los resultados oficiales. 

Desde un punto de vista jurídico, el fraude electoral en Venezuela viola principios fundamentales del derecho internacional y nacional, incluyendo:

 1) Violación del Derecho a Elecciones Libres y Justas: La Carta Democrática Interamericana y otros instrumentos internacionales garantizan el derecho a elecciones libres y justas, algo que ha sido sistemáticamente violado en Venezuela.

2)Falta de Independencia Judicial: El poder judicial en Venezuela ha sido cooptado por el ejecutivo, impidiendo la justicia independiente y efectiva.

 3) Desconocimiento de Resultados Electorales: Diversas organizaciones internacionales, como la Organización de los Estados Americanos (OEA), han desconocido los resultados de las elecciones presidenciales en Venezuela debido a irregularidades.

 Políticamente, el fraude electoral ha tenido varias consecuencias importantes:

 1) Deslegitimación del Gobierno: La percepción de que las elecciones no son libres ni justas ha deslegitimado al gobierno de Maduro tanto a nivel nacional como internacional.

 2) Crisis Económica y Social: La perpetuación en el poder de un régimen ineficiente y corrupto ha exacerbado la crisis económica y social en Venezuela.

 3)  Aislamiento Internacional: Las sanciones y el aislamiento diplomático impuesto por varios países y organizaciones internacionales han aumentado la presión sobre el gobierno de Maduro.

 4) Migración Masiva: La crisis en Venezuela ha provocado una ola masiva de migración, con millones de venezolanos huyendo del país en busca de mejores condiciones de vida.

Ahora bien, la transición de Venezuela de una autocracia a una dictadura puede observarse en varios indicadores:

 1) Consolidación del Poder: La centralización del poder en manos de Maduro y la eliminación de cualquier oposición efectiva son características típicas de una dictadura.

 2) Uso de la Fuerza: La represión y el uso de la fuerza para silenciar a los disidentes y mantener el control del poder es un claro indicio de una dictadura.

3) Falta de Alternancia Política: En una dictadura, el cambio de liderazgo a través de medios democráticos es prácticamente imposible, lo que se observa en Venezuela con la perpetuación de Maduro en el poder a través de elecciones fraudulentas. En conclusión, el fraude electoral en las elecciones presidenciales de Venezuela ha sido un mecanismo clave en la transición del país de una autocracia a una dictadura.

 Esta evolución ha tenido profundas implicaciones jurídicas y políticas, erosionando los derechos democráticos y exacerbando la crisis económica y social del país. La comunidad internacional y los actores internos deben continuar trabajando para restaurar la democracia en Venezuela y garantizar que las futuras elecciones sean libres y justas.