La justicia de Cochabamba determinó, con llamativa celeridad, la detención preventiva del alcalde de Colcapirhua, Nelson Gallinate, y de dos funcionarios municipales, acusados por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes por el presunto sobreprecio en la compra de pruebas de antígeno nasal contra el covid-19.
Gallinate fue remitido a la cárcel de San Pablo, en Quillacollo; Iván Padilla, secretario administrativo financiero, a la cárcel de San Antonio; y Josefina Totula, jefa de Contabilidad, a la cárcel de mujeres San Sebastián.
Según la determinación judicial, existe riesgo de fuga y obstaculización en el caso que investiga el Ministerio Público por el presunto sobreprecio en la adquisición de 10.000 pruebas antígeno nasal a un costo de Bs 58 cada una.
La defensa de los imputados presentó recursos de apelación y la Fiscalía argumentó que falsificaron datos en los registros para los informes a la Contraloría.
El alcalde, que representa a Comunidad Ciudadana, deberá guardar detención por un periodo de seis meses al igual que los dos funcionarios involucrados. Una funcionaria del municipio testificó que los procesados impartían órdenes para modificar los documentos en la adquisición de pruebas.
Mientras tanto, Comunidad Ciudadana retiró su respaldo a la autoridad municipal que ahora debe permanecer recluida mientras se investigan los supuestos delitos en su contra.
Desde el Legislativo el oficialismo demandó al fiscal Lanchipa información sobre el caso que estalló el jueves en Cochabamba. El interés no fue el mismo ante las denuncias en Potosí. El gobernador Mamani se disculpó por "carajear" a la prensa
"A veces, cuando la derecha arremete contra nosotros, es porque hemos cometido un simple delito, el trabajar de la mano de nuestro pueblo", sostuvo la autoridad masista sin hacer mayor referencia al tema