La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó las amenazas que realizó un grupo de personas 'antivacunas' al Grupo EL DEBER por promover la vacunación obligatoria contra el Covid-19 en el país. Ante esta situación, el ente que representa a la prensa de Bolivia reclamó a la Fiscalía la protección del trabajo periodístico, que está comprendido en la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Penal.
El grupo de 'antivacunas', conformado por una treintena de hombres y mujeres, llegó el martes por la mañana hasta el edificio central del Grupo EL DEBER, situado en el segundo anillo y avenida El Trompillo. Allí, los que se oponen a recibir la vacuna contra el virus que ya se ha cobrado la vida de más de 5 millones de personas en el mundo, no solo interrumpieron las actividades administrativas por el lapso de una hora y media, sino que amenazaron al personal de seguridad de la casa periodística.
Ante este hecho violento, la ANP advierte que "el paso del discurso de hostilidad contra el trabajo periodístico, a las agresiones físicas, puede derivar en hechos violentos que pondrían en alto riesgo la labor de periodistas y medios de información independientes".
Además recuerda que el artículo 296 del Código Penal sobre delitos contra la libertad de prensa sanciona con reclusión de seis meses a tres años y multa de treinta a doscientos días, al que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión.
A su vez, la Constitución Política del Estado garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información en su artículo 106. En ese marco, la ANP también pide al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía un pronunciamiento frente a estos incidentes contrarios a la libertad de prensa.
El Grupo EL DEBER agradece el apoyo de la ANP y de medios que alertaron y denunciaron el ataque, como es el caso de los diarios Los Tiempos y Opinión de Cochabamba.