Argentina homenajeó este jueves, 18 de julio, a las 85 personas que murieron —seis de ellos bolivianos— en el ataque perpetrado, hace 30 años, contra la Mutual Judía (AMIA) de Buenos Aires. En ese evento, emergieron críticas al gobierno boliviano por los acuerdos militares firmados con Irán.

El presidente de la AMIA, Amos Linetzky, incluso exteriorizó su preocupación por esta relación. Esto debido a que Irán fue el responsable de esta atentado y que pudo ser materializado por Hezbolá, un grupo armado libanés de musulmanes chiitas vinculado, precisamente, a Irán.

Linetzky cuestionó al gobierno boliviano por firmar acuerdos militares con Irán, “pese a que seis ciudadanos bolivianos murieron en el atentado”.

“Parece mentira que hayan pasado 30 años de esa fría mañana; 30 años sin una sola persona respondiendo por este ataque. 30 años en los que el Estado argentino miró para otro lado, colmado de paciencia, demoras y errores”, lamentó.

Además, recordó que, en los últimos 30 años, “países como Qatar, Rusia, Siria, Bolivia y Nicaragua permitieron que personas acusadas pasen cómodamente por sus fronteras, violando las alertas rojas de Interpol y, en algunos casos, recibiéndolos con honores”.

El 1 de junio de 2011, el ministro de Defensa de Irán, Ahmad Vahidi, fue recibido con honores en Santa Cruz de la Sierra durante un evento oficial al que acudió Evo Morales cuando estaba en funciones como presidente del país.

Este hecho desató un fuerte roce diplomático con Argentina y disputas dentro del gobierno del MAS. Vahidi, quien tenía orden de captura internacional por ser señalado como autor intelectual de ese atentado, fue expulsado del país y su visita terminó abruptamente.  

El general Vahidi, buscado por el atentado a la AMIA, estuvo e Bolivia en 2011.

Justamente hace un año, el ministro de Defensa, Edmundo Novillo y su par iraní, Mohammad Reza Ashtiani, firmaron un acuerdo de cooperación militar que incluyó el el litio, la venta a Bolivia de misiles tierra-aire para reponer los cohetes chinos que fueron desactivados en 2005.

Ese acuerdo, según la explicación oficial, “fue para ampliar la cooperación bilateral en el campo de seguridad y defensa”.

Novillo informó, entonces, que el acuerdo contiene la posibilidad de adquirir drones y lanchas para el control territorial-fronterizo contra el narcotráfico y contrabando, la “protección cibernética” e implementación de tecnología en distintas áreas como la nanotecnología”.

Dijo que ningún país debería preocuparse por ese acuerdo, aunque el tema reactivó la preocupación en Argentina y Chile, especialmente por la probable presencia de Hezbolá en la región. Aún hoy hay preocupación sobre esta posibilidad.

Las víctimas bolivianas

En el atentado terrorista perdieron la vida los compatriotas, Erwin García Tenorio, Adhemar Zárate, Juan Vela, Eugenio Vela, Rimar Salazar y David Barriga. Todos ellos eran trabajadores y estaban en Argentina en busca de mejores días.

Hasta el momento, ninguna autoridad boliviana expresó un mensaje de solidaridad por estas víctimas y hay varios vacíos en las investigaciones contra los responsables de este atentado motivado presuntamente por la participación de Argentina en la Guerra del Golfo (1990-1991).

Un año antes del atentado a la AMIA (1994), hubo un ataque a la embajada de Israel en Buenos Aires. Entonces, también se mencionó que el acto terrorista pudo tener relación con la suspensión de la cooperación argentina a Irán sobre energía nuclear.

“Pensar que hubo argentinos que colaboraron con quienes dieron muerte a sus compatriotas para proteger a los responsables y para oscurecer la búsqueda de justicia”, cuestionó este jueves el presiente argentino, Javier Milei, quien participó de los actos. No se refirió a Bolivia.

El pasado 15 de junio, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) condenó al Estado argentino “por su responsabilidad y falta de investigación en el atentado terrorista cometido contra la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) el 18 de julio de 1994, que dejó 85 muertos y cientos de heridos”.

El ataque es considerado el atentado más grave y mortífero contra intereses judíos en Latinoamérica. El caso fue llevado a la CorteI DH por una asociación de víctimas llamada Memoria Activa.

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