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Flora, de 64 años, soportaba el dolor sentada en una banca en el pasillo de urgencias del hospital San Juan de Dios. Su pie, con una herida abierta, estaba envuelto con una bolsa plástica. Sus familiares, resignados, aguardaban que pronto haya espacio para que ingrese y pueda ser sometida a la amputación. Llegó allí derivada desde un centro de salud, pero en el San Juan de Dios se encontraban en paro y la única opción era esperar un espacio en la sala de emergencias, que estaba saturada.

Flora lleva tiempo luchando contra la diabetes y no sabe en qué momento la enfermedad avanzó al punto de tener que perder su pie. Sin embargo, está segura que siempre enfrentó dificultades para recibir atención médica. En muchas ocasiones, las citas se cancelaron por falta de espacio o por las huelgas y otras veces no puedo seguir los tratamientos por falta de recursos.

Aunque tiene acceso al Sistema Único de Salud (SUS), muchos tratamientos y exámenes no son gratuitos. “Aquí todo se paga”, dice uno de sus familiares y pone como ejemplo, la ecografía Doppler que le pidieron en ese momento, que está por encima de los Bs 800, un costo elevado para una persona que depende de la Renta Dignidad, que es de Bs 350 mensual.

Lamentablemente este es el padecimiento de cientos de personas que peregrinan en los hospitales aquejadas por malestares que tienen que vencer en medio de las movilizaciones de un personal, que en vez de estar asistiendo a los enfermos, está luchando en la calle exigiendo sueldos, condiciones, medicamentos y contratos para mantenerse en el puesto.

La Fundación Jubileo, en su informe Situación del Sistema de Salud en Bolivia, evidencia que se necesitan recursos millonarios para mejorar la atención de salud en el país y revela que Bolivia es el Estado que menos recursos destina a la salud por persona entre ocho países de Sudamérica.

El estudio señala que Bolivia tiene limitado presupuesto en salud, mala alimentación y más enfermedades no transmisibles con mayor morbilidad y mortalidad, y un sistema en el que la salud es la ‘quinta rueda del carro’.

Según la investigación, se estima que el gasto total en salud para la gestión 2022 alcanzó los $us 3.514 millones, de los cuales $us 1.854 millones corresponden al sector público, mientras que el resto proviene de la Seguridad Social y el sector privado.

En términos del Producto Interno Bruto (PIB), el gasto total en salud representó el 8% del PIB en 2022, incluyendo tanto el gasto privado como público. Este porcentaje es inferior al promedio regional (8,2%), así como al de otros países de la región, como Brasil (9,9%), Argentina (9,7%), Uruguay (9,4%), Chile (9,3%), Colombia (9%) y Ecuador (8,3%).

A nivel global, los países que han implementado sistemas de cobertura universal de salud, como es el objetivo de Bolivia con el SUS desde 2019, destinan en promedio el 10% o más de su PIB a este sector.

En 2022, el gasto en salud por persona en Bolivia se estimó en $us 292,7, un aumento respecto a los $us 268,9 de 2019. Sin embargo, al convertir esta cifra en Paridad de Poder Adquisitivo (PPA), el gasto total en salud per cápita de Bolivia es de $us 774, por debajo del promedio regional, que es $us 1.441 en PPA.

Solo está por encima de Venezuela, que gasta $us 103, pero es inferior a ocho países de Sudamérica: Perú, Ecuador, Paraguay, Colombia, Brasil, Argentina, Uruguay y Chile. De todos estos, el que más destina es Chile, con $us 2.648.

Faltan camas

En cuanto a la disponibilidad de camas, en la gestión 2022, se registraron un total de 16.680 camas de internación, de las cuales el 50,7% (3.410 camas) pertenecía al sector público, el 27% (4.507 camas) correspondía a la seguridad social y el 22,3% restante (3.714 camas) al sector privado. Este último se distribuye entre organismos privados (16,6%), la Iglesia (3,8%) y ONGs (1,9%).

Según los indicadores de la Organización Mundial de la Salud (OMS), debería haber 2,5 camas de internación por cada 1.000 habitantes. Sin embargo, con 1,39 camas por cada 1.000 habitantes en Bolivia, se evidencia un déficit de 1,11 camas de internación por cada 1.000 habitantes.

El índice óptimo de ocupación de camas hospitalarias es del 80%. Sin embargo, en la gestión 2022, el índice en Bolivia fue del 48,6%, lo que indica un uso ineficiente, con una subutilización del 31,4%.

Si se habla del modelo de gestión de salud, este es obsoleto, burocrático e ineficiente, y está vinculado a una débil capacidad regulatoria por parte del ente rector.

Su estructura organizacional no refleja el perfil epidemiológico actual, lo que, sumado al impacto y desarrollo de la pandemia de Covid-19, reveló la profunda crisis estructural del sistema de salud, dice el informe.

Esto porque el sistema sanitario se caracteriza por ser segmentado y fragmentado. Segmentado con tres sectores de salud público, seguridad social y privado; y fragmentado debido a que cada sector presenta su propia infraestructura y condiciones de acceso, costos y atención muy diferenciadas, contribuyendo así a una repartición de los recursos inequitativa e ineficiente.

En el caso del sistema público, es manejado por “tres cabezas”: el nivel central, las gobernaciones y los municipios. Sin embargo, ninguna de estas entidades cumplen adecuadamente con sus competencias, apunta la doctora Rocío Rivero, ejecutiva de los Sindicatos de Ramas Médicas de Salud Pública (Fesirmes).

Esto se traduce en hospitales saturados, pacientes que van de un hospital u otro por un sistema de derivación que retrasa la atención, escasez de medicamentos y falta de recursos humanos, lo que lleva al sector a movilizarse cada vez para evitar la continua disminución del personal. Ahora la preocupación está centrada en exigir la recontratación de más de 5.300 médicos y profesionales de salud para los centros de salud y hospitales de segundo nivel, cuyos contratos finalizarán a fin de año.

Todas estas falencias lo sufren los pacientes. María Isabel Gonzales (57) llegó al hospital San Juan de Dios para que le coloquen una fístula, porque ella está haciendo diálisis desde hace dos meses. Señala que sus riñones comenzaron a fallar por la diabetes que padece desde hace tiempo. Su hija estaba en los correteos para que la atiendan, porque el miércoles se cumplía un paro de los trabajadores de salud exigiendo salarios.

Antes estuvo internada 17 días en el hospital Los Pocitos, donde la atendieron por el SUS, pero sus hijos tuvieron que buscar la forma de comprar medicamentos. “Los paros perjudican a la gente que no tiene plata para buscar atención en otro lado”, dice.

Carmen estaba con su hija el miércoles pasado, esperando que le den curso a una orden de internación que tiene para un tratamiento en la dentadura.

“Tenían que internarla el anterior lunes, pero me dijeron que había paro. Luego el martes, otros cumplieron la medida y nuevamente me la postergaron. Me dijeron que vuelva hoy (miércoles) y resulta que no hay atención, ahora estoy esperando qué dicen o si harán alguna excepción”, dijo esperanzada en conseguir la asistencia.

Déficit de personal

Según datos obtenidos del SNIS, en Bolivia, en la gestión 2022 se emplearon 69.048 trabajadores en los establecimientos de salud públicos (77,2%) y seguridad social (22,8%), de los cuales 76% corresponde a profesionales y técnicos de salud, seguido por personal administrativo, con 12,8%; y el restante 11,2% se refiere al personal de servicio.

Según los indicadores de la OMS, debería existir 15 médicos por cada 10.000 habitantes, considerando los médicos especialistas (7,1 por cada 10.000 habitantes) y los médicos generales (6,4 por cada 10.000 habitantes) se tendría en Bolivia 13,5 médicos por cada 10.000 habitantes; por lo tanto, existiría un déficit de 1,5 médicos por cada 10.000 habitantes.

Por otro lado, también deberían existir 15 licenciadas en enfermería por cada 10.000 habitantes, pero en Bolivia hay 8,6 licenciadas en enfermería por cada 10.000 habitantes; por lo tanto, existe un déficit de 6,4 licenciadas en enfermería por cada 10.000 habitantes.

Movilizaciones constantes

Son alrededor de dos meses de huelgas que han cumplido los trabajadores y profesionales de la salud demandando estabilidad laboral, pago de salarios, mejores condiciones, mayor equipamiento y medicamentos para los centros hospitalarios.

El mismo personal de salud indica que la carencia es tal que a veces no hay ni equipos para colocar sueros, jeringas y otros que son necesarios para sus tareas diarias. A eso se suma la falta de equipamiento, personal e infraestructura que se muestra en el hacinamiento de varios servicios.

Las mismas autoridades sanitarias señalan que muchas de las licitaciones para la compra de medicamentos se han caído, lo que afecta a la dotación de las farmacias hospitalarias.

Enfermedades prevenibles

Para que el Estado pueda responder a las nuevas demandas, será necesario adaptar el sistema de salud y reasignar recursos humanos y financieros, dice el estudio.

También advierte que se debe aumentar la capacidad de atención y respuesta en enfermedades no transmisibles y trabajar en especialidades como oncología, nefrología, endocrinología y cardiología, entre otras.

Este panorama proyecta un crecimiento significativo en el gasto del sistema de salud, particularmente en el gasto hospitalario y en el gasto catastrófico para las familias, debido a que estas enfermedades son costosas. Esto solo podrá ser mitigado si se implementan cambios estructurales en las políticas de salud.

Las acciones costo-efectivas deben centrarse en la detección temprana de enfermedades a través de controles oportunos, especialmente para la diabetes, el cáncer, la insuficiencia renal y otras condiciones. Además, se deben aplicar políticas de prevención y promoción multisectorial. Igualmente, no se debe descuidar la atención y prevención de enfermedades transmisibles, y el cuidado de las condiciones neonatales y maternas.

Entre las enfermedades y condiciones de salud que han mostrado el mayor aumento en sus tasas de morbilidad y mortalidad en las últimas dos décadas se encuentran las enfermedades renales, la diabetes mellitus, las oncológicas, las digestivas, las cardiovasculares y la violencia interpersonal.

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