A través de una nota de prensa, la Defensoría del Pueblo informó que constató el desamparo en la que viven los vecinos de las proximidades del conflicto cocalero y responsabilizó al Estado por no cumplir su tarea de protección.

“Se pudo constatar que el conflicto de Adepcoca ha incidido de manera negativa en la calidad de vida de los vecinos, y que la falta de respuesta de las autoridades competentes para resolver estos enfrentamientos ha generado una percepción de desamparo por parte de la ciudadanía”, señala una parte del comunicado que publicó esta noche esa oficina.

Desde hace cuatro semanas, los vecinos, escolares, trabajadores, transportistas y hasta hospitales sufren con la indiscriminada gasificación policial en contra de los campesinos cocaleros de Los Yungas y defienden el mercado ilegal de coca instalado por Arnold Alanes.

“La Defensoría del Pueblo advierte que el Estado está incumpliendo su deber de garantizar el derecho a la educación, la salud, calidad de vida, libertad de locomoción e integridad de los vecinos de las zonas Villa Fátima, Villa El Carmen y aledañas”, señala el boletín de la Defensoría.

La Delegación Defensorial de La Paz realizó una verificación con representantes de la junta de padres de familia de unidades educativas del Distrito de Educación 3, el sindicato de transporte Virgen de Fátima y la asociación comunitaria y control social del Distrito 13 en toda la zona donde se desarrolla el conflicto, desde la plaza del Maestro, relata el informe.

Los directores de la clínica San Francisco de Asís y del hospital municipal La Merced relataron los contratiempos que tienen a la hora de atender y tener pacientes internados, porque el descanso que se requiere es alterado por la explosión de los cachorros de dinamita y las granadas de gas.

Al menos una decena de establecimientos educativos fueron visitados por la comitiva donde se pudo constatar que la calidad de educación cayó estrepitosamente porque se pasa clases solo de 08:00 a 10:30 y también se desplegó la enseñanza virtual, lo que afecta a la educación de los menores.

“Las autoridades competentes y partes involucradas deben evitar el ejercicio de toda forma de violencia en contra de cualquier integrante de la comunidad educativa, y deben garantizar el desarrollo integral de la niña, niño y adolescente en el ámbito escolar”, finaliza el comunicado.

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