En una sesión maratónica que culminó la madrugada de este jueves, la Cámara de Diputados rechazó la aprobación de un crédito de más de $us 118 millones que estaba destinado a fortalecer la resiliencia climática en varios municipios de Bolivia. El proyecto de ley 489/2023-2024, que proponía el financiamiento para mejorar la infraestructura vial en Chapare (Cochabamba), La Paz y Monteagudo (Chuquisaca), no logró los votos necesarios para su aprobación en grande.
El convenio de préstamo, firmado el 28 de junio de 2024 entre el Estado boliviano y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial, contemplaba la mejora de tramos carreteros y puentes, beneficiando a más de 165.000 habitantes de estas regiones. Sin embargo, de los 103 diputados presentes, 54 votaron en contra del proyecto, mientras que 49 se pronunciaron a favor, lo que impidió su avance a la siguiente fase de aprobación.
La presidenta en ejercicio de la Cámara, Verónica Challco, confirmó la decisión en medio de aplausos de legisladores del ala 'evista' del MAS y de la oposición, quienes unieron fuerzas para bloquear el crédito.
Con este rechazo, se suman más de $us 1.000 millones en créditos que permanecen paralizados en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).
El Gobierno y el sector empresarial han manifestado su preocupación por la falta de viabilización de estos créditos externos, argumentando que son fundamentales para enfrentar la escasez de divisas y apoyar la recuperación económica del país.
El proyecto incluía dos componentes principales: el fortalecimiento institucional en la gestión del riesgo climático en el sector vial y la ejecución de obras específicas para mitigar los impactos de desastres naturales en rutas clave. Entre las obras previstas estaban la ampliación de la carretera Chimoré-Ivirgarzama, la construcción de un nuevo puente en Guanay, y la rehabilitación del tramo Molino-Monteagudo, que incluye una circunvalación para evitar zonas urbanas propensas a deslizamientos de tierra.
Además, el programa contemplaba la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones a nivel municipal, destinando al menos la mitad de las inversiones a prioridades definidas por ellas, con el objetivo de promover su empoderamiento económico y la prevención de la violencia de género.