El secretario ejecutivo de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Ever Rojas, reveló el jueves 15 que el Gobierno apoyó económicamente la realización de un encuentro nacional del sector en Santa Cruz durante los 36 días del paro cívico, ocurrido entre octubre y noviembre del año pasado, para exigir la realización del Censo de Población y Vivienda en 2023.

Rojas hizo la declaración en el marco de la investigación que realiza el Ministerio Público por el cobro de coimas que realizaba el exministro de Medio Ambiente y Agua a las empresas para adjudicarse obras públicas. La principal testigo, Claudia Cortez, dijo que el dirigente de la Csutcb recibió $us 10.000 y Bs 30.000 en efectivo de manos de Cruz.

El aludido desmintió la versión, pero confesó que recibió recursos económicos de los ministros de la Presidencia, María Nela Prada; y de Obras Públicas, Edgar Montaño, además del exministro de Medio Ambiente para instalar la reunión nacional de campesinos en la capital cruceña durante los días del conflicto.

“Cuando tuvimos problemas y dificultades en el departamento de Santa Cruz, los tres compañeros nos han apoyado”, especificó.

Este medio preguntó a qué problemas se refería, y él contestó: “Estos tres ministros nos ayudaron con recursos para la organización de congresos en Santa Cruz para unificar a ‘la Única’ de esa región”.

El 11 de noviembre de 2022, durante el paro cívico, la Federación Sindical Única de Trabajadores Apiaguaiki Tumpa del Departamento de Santa Cruz fue incendiada por un grupo de personas que hicieron flamear una bandera cruceña. Simultáneamente, en otro sitio, el gobernador Luis Fernando Camacho estaba reunido con el comandante de la Policía para exigirle que cese la violencia de los policías hacia los cívicos.

El máximo dirigente de la Csutcb señaló que el año pasado pidieron ayuda a los ministros, “como comité ejecutivo, para el traslado de personas a Santa Cruz para el congreso en esa región. En la organización del evento nos colaboró la ministra Prada, y no fue un solo viaje, hartos viajes hemos hecho. Después el hermano Edgar Montaño, de Obras Públicas, nos ha ayudado. El último fue el compañero Santos Cruz, que nos entregó Bs 8.000”, recalcó.

No quiso proporcionar los montos entregados por el Ministerio de la Presidencia y por el de Obras Públicas, pero manifestó que Santos Cruz entregó el dinero en efectivo, y lo hizo en su oficina, en la Casa Grande, no en la Csutcb.

Desde el jueves, vanos fueron los intentos. Ni el Ministerio de la Presidencia ni el de Obras Públicas accedieron a emitir declaración alguna sobre este tema, pese a que conocieron el contenido de la declaración de Rojas. Tampoco lo hizo la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, a quien también se recurrió.

El abogado y coronel en servicio pasivo Jorge Santistevan comentó que este hecho confirma que “en los días de convulsión social entre la sociedad cruceña y el Gobierno, este último aplicó el plan tenebroso de siempre, que consiste en provocar hechos de violencia para responsabilizar de lo que ocurre a las autoridades locales, preparando autoatentados. Para eso fomenta económicamente a los movimientos sociales y organiza grupos especializados para ocasionar sabotajes a las instituciones, como ocurrió en la quema del edificio de la Única, provocada por los propios campesinos que estaban ahí. Eso fue comprobado, pero la justicia estará siempre del lado del Gobierno”, afirmó.

Es lo mismo, según su criterio, que sucedió con la reciente agresión a la asambleísta cruceña del MAS Muriel Cruz. “Vea, la justicia ha enviado a prisión a una decena de personas, pero el propio Gobierno reconoce que las dos o tres mujeres que ejecutaron la tremenda y lamentable golpiza no aparecen y siguen prófugas. Se autosabotean con el afán de perseguir a los opositores y a los activistas”, manifestó y señaló que la inversión de dinero que sale de los ministerios tiene ese objetivo.

Por su parte, la diputada de Comunidad Ciudadana Luis Nayar dijo: “Vemos que ésta es la práctica de todos los gobiernos autoritarios, envilecer a las organizaciones sociales y ponerlas a su servicio e instruirles sobre qué es lo que tienen que hacer: agredir a ciudadanos que se manifiestan, autoatentados y a raíz de esta situación los ministros involucrados deberán responder de dónde sacan la plata para financiar a estos grupos paramilitares que atentan contra derechos y libertades”. Recordó que el Ministerio de la Presidencia y la Casa Grande se convirtieron en una concesionaria de vehículos chutos que son entregados a las organizaciones sociales.

El abogado y exdiputado Daniel Valverde señaló que el Gobierno y los sectores tienen una “relación que se asemeja a las barras bravas, que hacen bulla, pero también salen al paso para tener prebendas y atenciones especiales del Ejecutivo. Les pagan pasajes, les entregan espacios de poder y también vehículos. Este hecho demuestra esto que digo”.

El comité ejecutivo de la Csutcb es uno de los aliados más fieles que tiene el Gobierno de Luis Arce. De hecho, el jueves (15) a las 22:00, el mandatario publicó en su cuenta certificada en Twitter un post en el que compartió fotos de una reunión con la plana mayor de la organización campesina. Mostró pasajes del encuentro y otra, en grupo, donde todos levantaron sus puños izquierdos y pusieron sus manos derechas en el pecho.

“Hoy en la Casa Grande del Pueblo nos reunimos con el Comité Ejecutivo de la gloriosa Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia #CSUTCB. La unidad revolucionaria que nos permitió recuperar la democracia junto al pueblo boliviano, está más fuerte que nunca”, remarcó el presidente.

Durante el paro cívico de 36 días, la Csutcb anunció que enviaría un millón de campesinos para reforzar un cerco a Santa Cruz. En esos días se produjo la quema de las instalaciones de ‘la Única’.

El 29 de diciembre, tras la detención del gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, la organización emitió una resolución de respaldo “al Gobierno nacional, elegido democráticamente con más del 55% de los votos, ante amenazas de inestabilidad y convulsión”, declaró Rojas ese día.

El ente sindical reprochó la toma y quema de instituciones públicas y la propiedad privada por parte de grupos radicales “afines a Camacho”, tras su aprehensión en Santa Cruz.

“Denunciamos al pueblo boliviano y a la comunidad internacional que estos grupos armados que gestaron el golpe de Estado en 2019, que amedrentaron al pueblo cruceño en un paro obligado de 36 días, ahora pretenden, una vez más, fracturar el orden democrático”, cuestionó y demandó a las autoridades llamadas por ley “a investigar con urgencia a los instigadores, autores y cómplices por los destrozos y quema de vehículos y bienes del Estado, así como la quema de una sede campesina durante la protesta”.

La declaración del principal dirigente de los campesinos de Bolivia se produce en medio de la pugna política entre el presidente Luis Arce y el jefe del MAS, Evo Morales.

Lea también