De acuerdo con la estadística defensorial, los derechos humanos vulnerados durante los conflictos, en el segundo trimestre de este año fueron: derecho al trabajo y empleo (59 casos), derechos políticos (28), derecho a la educación (18), derecho al medio ambiente (16), derecho a la infraestructura urbana (14), derecho a servicios básicos (7), derecho al acceso a la justicia (6), derecho a la salud (6), derecho a la infraestructura de transporte (5), derecho a una jurisdicción de entidad territorial autónoma (5), derecho a la libertad y seguridad personal (5), derecho a la no discriminación (1) y derecho a la propiedad colectiva (1).
“A partir de estos datos cuantitativos vamos a reflexionar sobre las causas que la generan, pero el hecho (de) que haya una recurrencia con los derechos laborales implica una causalidad económica, la cual está afectando a la población boliviana, como para que se reproduzcan estos conflictos”, manifestó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
En esa misma línea, el reporte señala, en una de sus partes más resaltantes, que “las vulneraciones al derecho al trabajo y empleo que se han determinado por las tipologías laborales y económicas, agrava la situación del problema de la estabilidad laboral o creación de fuentes de empleo”.
El documento señala que, en comparación con el trimestre anterior, la vulneración al derecho político se vio reflejada en la falta de gobernanza, dado que existen diversos hechos de conflictividad, sobre todo en entidades territoriales departamentales y municipales.
La Defensoría del Pueblo emitió el segundo Reporte de Conflictividad, con la perspectiva de aportar una mirada transversal al desarrollo de los episodios de conflictividad en el país, y de esta manera lograr atender estos y prevenirlos para evitar perjuicios a la población y la consiguiente vulneración de sus derechos humanos.
En este aspecto, destaca la intervención de la Defensoría del Pueblo que, mediante su sistema de alerta temprana, detectó 52 conflictos, y antes que estos evolucionen hacia una instancia que derive a la vulneración de derechos de terceros como, por ejemplo, el caso de Fesirmes que de manera permanente anunció paros médicos en contra del Proyecto de Ley 035 y que con la intervención de la Defensoría del Pueblo, las partes involucradas estuvieron buscando puntos de consenso en la Comisión de Planificación de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).