En un confuso operativo encabezado por la Policía y la fiscalía realizado el viernes un allanamiento de la vivienda de Francisca Alvarado Pinto y donde también habita Evaliz Morales, hija del expresidente Evo Morales. Este sábado padre e hija denunciaron una sistemática campaña de amedrentamiento; mientras el Gobierno ensayó tres distintas explicaciones sobre esos hechos.
“El suscrito juez Andrés Zabaleta Zabaleta del juzgado de Instrucción Penal, anticorrupcion y contra la violencia a la mujer 13° de la capital dentro de las investigaciones seguidas por el ministerio público en contra de Noemí Tococari Aro por el supuesto delito de biocidio y tratos crueles para que proceda al allanamiento del inmueble referido”, señala la orden de allanamiento, publicada por Evaliz Morales; el documento contempla una lista de seis casas, todas en la zona Sur de la ciudad de La Paz.
La noche del viernes, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, ofreció una conferencia de prensa en la que dijo que el allanamiento se produjo en virtud de una investigación respecto de un caso de legitimación de ganancias ilícitas que se produjo el 1 de diciembre cuando la Policía descubrió Bs 2,4 millones en unas bolsas camufladas con cebolla en la zona de villa Fátima.
Según Ríos en ese operativo se detuvo a Grover Jones Chambi Escarza y Johnny Chambi Marca, como propietarios del dinero y que no supieron explicar la licitud del mismo. La autoridad ya no mencionó el caso de biocidio ni a Noemí Tococari, contra quién el juez Zabaleta ordenó el allanamiento.
“La Policía ha identificado que uno de estos individuos tenía un departamento registrado a su nombre en la avenida Costanera, en el edificio Tauro, en la zona de Obrajes, es en ese sentido que la Policía a partir de este trabajo que ha realizado, el día de hoy en compañía del fiscal de materia han sostenido también una conversación con los dueños de casa para que permitan el ingreso”, declaró en la conferencia de prensa.
La tercera explicación fue de la propia policía que este sábado publicó un “comunicado” en el que explican lo sucedido el viernes. En la versión policial fueron dos ordenes de allanamiento, una de ellas realizada en la casa de Francisca Alvarado.
“La comisión de investigadores junto al fiscal de materia, dieron cumplimiento a 2 órdenes de allanamiento (emanadas por el Juzgado 13avo. De Instrucción Penal y Anticorrupción de la Capital) uno de ellos ejecutado en un inmueble de la zona de Obrajes, Av. Costanera, edificio Tauro, departamento registrado como domicilio del Sr. Guy Alberto Martin Vargas Aspiazu (Investigado)”, señala el informe policial. No menciona a Noemí Tococari, Grover Jones Chambi Escarza y Johnny Chambi Marca, citados por el juez y el ministro Ríos.
Por estas confusas explicaciones, Evaliz y su padre consideran que el caso tiene ribetes políticos y es una campaña de amedrentamiento contra el exmandatario. “La orden de allanamiento es emitida por los delitos de biocidio, sin embargo, el viceministro de Gobierno declara en la prensa que se trataría de un proceso por legitimación de ganancias ilícitas dirigido contra el antiguo dueño del domicilio. Es decir que Evaliz y su madre fueron víctimas de un allanamiento dirigido a otra persona y por delitos distintos”, protestó Evo Morales en dos oportunidades a través de sus cuentas personales.
Dos horas después que el expresidente publicara su denuncia, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, respondió a la acusación y adjuntó el comunicado de la Policía. “No es necesario mentir”, escribió Del Castillo.
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