Las elecciones judiciales a cargo del Tribunal Supremo Electoral (TSE) y la elección del Fiscal general del Estado, bajo responsabilidad de la Asamblea Legislativa, están en el limbo por cuatro fallos judiciales de salas constitucionales de Beni, Pando y La Paz que en las últimas 48 horas y de forma simultánea, ordenaron la suspensión de los procesos, en tanto los mismos no sean “corregidos” pero en los tribunales.
En ambos casos, todas las sentencias tienen un denominador común: objetan el trabajo de los legisladores en el proceso de preselección, tanto para las judiciales como para el Fiscal y, en este último caso, impiden que el Legislativo termine el procedimiento establecido por ley, pese a que trabajan a contrarreloj, y en el caso de las judiciales, instruyen a los asambleístas volver a hacer la preselección de postulantes. Si esto se ratifica, las elecciones Judiciales no tienen fecha y la prórroga de los magistrados en sus cargos se prolongará indefinidamente.
Legisladores, el TSE y expertos juristas coincidieron en que estas acciones judiciales son un grave atentado a la democracia y al derecho constitucional de casi ocho millones de bolivianos de elegir a sus autoridades por voto popular.
Para la oposición y expertos, el Gobierno de Luis Arce es responsable de estas trabas. El Ejecutivo rechazó esas acusaciones, aseguró que las Judiciales no pueden detenerse y anunció procesos penales contra los jueces de Beni y Pando que emitieron esas sentencias. El panorama es complejo e incierto para las instituciones.
Los fallos
El martes 15, dos salas constitucionales de Beni y Pando, de forma simultánea emitieron dos sentencias que declararon “desierta” las convocatorias a magistrados para el Tribunal Supremo de Justicia y para el Tribunal Constitucional Plurinacional, por supuesto incumplimiento de las exigencias constitucionales.
Asimismo, ordenaron al TSE suspender las Judiciales para estos ámbitos y devolver las listas al Legislativo para que los parlamentarios, vuelvan a hacer la convocatoria desde el inicio.
Todos estos recursos fueron presentados por postulantes inhabilitados al TSJ en la fase de preselección: en Beni fue Hugo Vargas Palenque y en Pando María Esther Caero Silva.
En contraste, ayer miércoles 16, la sala constitucional tercera de El Alto concedió una medida cautelar solicitada por el dirigente de los Interculturales, Esteban Alavi, de la facción arcista, quien demanda la continuidad de las judiciales porque su suspensión puede generar un “daño irreparable e irremediable”.
“Se dispone en calidad de medida cautelar, la prosecución del proceso de organización, dirección, supervisión, administración y ejecución del proceso electoral para las elecciones”, se lee en la acción de cumplimiento aprobada.
Contra la elección de Fiscal
A una semana del plazo para designar una nueva autoridad, la Sala Constitucional Segunda de La Paz admitió una acción de Amparo Constitucional contra el proceso de selección del Fiscal general del Estado, tarea que está a cargo de la Comisión Mixta de Justicia del Legislativo.
El recurso fue presentado el 8 de octubre por Porfirio Machado Gisbert, que es otro postulante inhabilitado que rechaza su aplazo. Este recurso se definirá en audiencia fijada para el 25 de octubre, no obstante, el Legislativo tiene hasta el 23 para elegir a un nuevo fiscal general porque la actual autoridad, Juan Lanchipa, termina su mandato esa fecha.
El segundo recurso de amparo fue planteado por Claudia Marcela Castro Dorado, ante un tribunal del distrito de Caranavi. La audiencia está fijada para el lunes 21 de octubre, vía virtual desde las 15:00. Eso es dos días antes del fin del mandato del fiscal Lanchipa.
Ven la democracia en riesgo
El TSE alertó que estas acciones representan un “golpe contra la democracia” y anunció un recurso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para reponer “el derecho a elegir” que está en la Convención Americana de Derechos Humanos, un instrumento legal constitucionalizado en Bolivia.
Esta situación también alarma al defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, que asumió tres acciones: exigir al TCP que adopte las medidas necesarias para garantizar la celebración de las judiciales en la fecha fijada, pedir a la Relatoría Especial sobre la independencia de magistrados y abogados de la ONU que intervenga ante los graves riesgos a la democracia en Bolivia y anunció también que se reunirá con vocales del TSE para discutir las acciones.
Para el defensor Callisaya, la paralización del proceso electoral “es una amenaza directa a la institucionalidad democrática del país y sería funesto para la población que la institucionalidad del Estado no resuelva esto”.
El abogado constitucionalista José Luis Santistevan afirmó que todos estos actos constituyen “una violación flagrante a los derechos políticos” de la ciudadanía, lo que a su vez se convierte en una “judicialización de la democracia”.
“La estabilidad y el sistema democrático están en peligro. Más allá de los que se sientan afectados, los que participan como candidatos, eso pasa a segundo plano. La primera violación es contra todos los ciudadanos”, afirmó el experto a EL DEBER.
El analista Gregorio Lanza afirmó que todo el sistema judicial “está desbordado”, producto del manejo político de evistas y arcistas del MAS y los únicos afectados son los bolivianos.
“Están vulnerando todos los derechos de la población. Desde el MAS plantean que haya una elección con voto de la población, pero ellos mismos bloquean esta elección porque no están seguros de ganar. El interés de Luis Arce es mantener al TCP para su pelea contra Evo Morales”, afirmó.
Anoche, el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi, afirmó que el ente electoral está en incertidumbre ante fallos contrarios: unos que ordenan suspender las judiciales (Beni y Pando) y otro (El Alto) que instruye continuar el proceso.
“La última palabra la tiene el Tribunal Constitucional porque todas las resoluciones de las salas constitucionales pasan a revisión de este Tribunal, por eso pido al TCP que sea honesto con el pueblo de Bolivia y diga si quiere o no quiere elecciones judiciales”, afirmó Tahuichi.
MÁS SOBRE EL TEMA:
MINISTRO DE JUSTICIA
Desde el Ejecutivo, el ministro de Justicia, César Siles, rechazó las acciones legales de los vocales de Beni y Pando que “se extralimitaron” y aseguró que el Gobierno evalúa procesar a dichos jueces por prevaricato.
LA OPOSICIÓN
Las bancadas de CC y Creemos piden al TSE continuar con las elecciones judiciales y hacer respetar la independencia de poderes.
AUDIENCIA
Este jueves habrá una audiencia de acción de cumplimiento en la sala constitucional de El Alto sobre las judiciales.