Desde agosto de la gestión 2023 hasta la fecha, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) emitió al menos cinco fallos, sentencias y autos constitucionales que de una u otra forma respaldaron la gestión del presidente Luis Arce Catacora.

El abogado constitucionalista José Luis Santistevan, señala que estas acciones se vieron con más recurrencia desde que la pelea del MAS contra el MAS, tomó un camino sin retorno y en la Asamblea Legislativa, la corriente arcista es débil y sin gobernabilidad.

“El Gobierno de Luis Arce tomó el poder judicial para controlar la Asamblea Legislativa y se valió de fallos constitucionales que han desconocido atribuciones fundamentales como el hecho de censurar a ministros. Como el Ejecutivo no puede hacerlo con decretos supremos, lo hace con fallos y el único sustento del poder judicial es el poder político”, dijo Santistevan a EL DEBER.

Entre esos fallos del TCP están: En agosto de 2023, la Sala Constitucional Tercera de La Paz, dispuso como medida cautelar suspender las interpelaciones contra ocho ministros de Estado. Desde esa época, el Legislativo no interpela a ningún ministro. La medida se asumió tras un recurso que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

El 29 de diciembre de 2023, el TCP emitió la Sentencia Constitucional 1010/2023, en la que establece en su parte considerativa que la reelección indefinida no es un derecho humano, lo que afecta directamente las intenciones de Evo Morales de repostularse a la Presidencia.

El 30 de diciembre de 2023, el TCP suspendió las competencias y atribuciones de la directiva del Senado presidida por Andrónico Rodríguez, después de que el bloque de senadores arcistas presentó un recurso porque la directiva convocó a sesión tras que David Choquehuanca ordenó receso a pesar que la mayoría de los legisladores se opuso.

El 25 de enero de este año, la Sala Constitucional tercera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, conminó a Zvonko Matkovic cumpla la sentencia 1021/2023 de posesión de la suplencia legal de Mario Aguilera.

El 1 de febrero, el TCP, emitió un auto constitucional que ordena a la Asamblea Legislativa acatar la Declaración Constitucional 0049/2023 que dispone la autoprórroga de los magistrados y consejeros del Órgano Judicial y del TCP.

El experto ve que el tema de fondo es que se desató una crisis del sistema judicial que actúa “de facto y al margen de la Constitución Política del Estado” y las leyes. “Estamos entrando en una crisis de Estado que va a terminar en las calles con una convulsión social de imprevisibles consecuencias”, alertó Santistevan.

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