El Ministerio Público apelará la condena emitida por un tribunal de La Paz en contra de los exministros de Gobierno, Arturo Murillo, y de Defensa, Luis Fernando López, además de otros cuatro involucrados, informó este martes Rosario Venegas, fiscal departamental en suplencia legal.

“Durante la investigación se obtuvieron pruebas contundentes (…), que demuestran la participación de los implicados y en ese marco la Fiscalía solicitó la pena máxima de 10 años para cada acusado por delitos de corrupción, pero los miembros del tribunal determinaron condena de sólo tres, siete y ocho años, por ello, vamos presentar el recurso de apelación cuando seamos legalmente notificados con esa sentencia”, anunció.

El pasado viernes, el Tribunal 6° de Sentencia Anticorrupción y Violencia Contra la Mujer de La Paz condenó al exministro Murillo a ocho años de cárcel por el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, más una multa de Bs 15.000, y al exministro López también lo sentenció a ocho años, pero por el delito de contratos lesivos al Estado.

Además, el exdirector de asuntos administrativo del Ministerio de Gobierno, Sergio A.Z.B., fue condenado a tres años de cárcel por incumplimiento de deberes; la exdirectora de asuntos administrativos del Ministerio de Defensa, Ruth R.P.R., a cinco años de cárcel por conducta antieconómica e incumplimiento de deberes; y el representante legal de la empresa Bravo Tactical Solutions LLC, Bryan S.B.A., a siete años y una multa de Bs 12.000 por enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado. 

El exresponsable de la sección de artículos clase V del Ministerio de Defensa, Dennis A.V.R., fue absuelto del delito de contratos lesivos al Estado e incumplimiento de deberes.

Anteriormente, otros tres implicados fueron sentenciados a tres años de cárcel mediante procedimiento abreviado, recuerda la Fiscalía en una nota de prensa.

De acuerdo con los antecedentes del caso, esta investigación comenzó por el proceso irregular de contratación directa de adquisición excepcional de gases antidisturbios o antimotines para la Policía Boliviana en la gestión 2019, hecho que causó un daño económico al Estado de más de 16 millones de bolivianos.

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