A pesar de las críticas y el rechazo de la prensa, el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, junto con altos funcionarios de seguridad, ofrecieron sus versiones sobre los eventos del 26 de junio. En un "desayuno trabajo" con más de 50 periodistas, discutieron los detalles del asalto militar en la plaza Murillo de La Paz.

“¡Con la presencia de más de 50 hermanos y hermanas de la prensa realizamos un desayuno/trabajo para tocar diversos temas de coyuntura, entre ellos el caso del Golpe Militar Fallido el pasado #26J!”, tuiteó Del Castillo.

En la reunión también participaron el viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, el viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, y el comandante general de la Policía Nacional, Álvaro Álvarez.

"Acompañamos a nuestro hermano ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo Del Carpio, al desayuno trabajo realizado con nuestros hermanos y hermanas periodistas para que nos compartan los sentimientos que experimentaron el día del golpe Militar fallido el pasado 26 de junio. Durante la actividad también abordamos diferentes temáticas de coyuntura", publicó Ríos en sus redes sociales. 

Rechazo de la prensa 

El anuncio de que el Ministerio Público citará a los periodistas como “testigos” del asalto militar del 26 de junio y la convocatoria del ministro de Gobierno sobre este “desayuno trabajo” pusieron en alerta a la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB), a la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) y a la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP).

Estas entidades rechazaron las acciones del Gobierno de Luis Arce y de la Fiscalía, calificándolas de vulneración a la Constitución Política del Estado (CPE), la Ley de Imprenta de Bolivia, el Código de Ética Periodística y normas internacionales que protegen el ejercicio periodístico.

La presidenta de la ANPB, Zulema Alanez, expresó su rechazo a la intención del Gobierno de utilizar a los periodistas para construir su narrativa. “Esa acción vulnera la normativa nacional, la normativa internacional y todas las garantías para la protección de la libertad de prensa y el ejercicio de la actividad periodística”, afirmó Alanez a EL DEBER.

La ANP reiteró que la independencia editorial consiste en la decisión libre de realizar una cobertura informativa sin presiones ni condicionamientos. Además, recordó que el trabajo de la prensa es público y consiste en informar a la ciudadanía todo lo que acontece en el país.

Del Castillo sugirió que, al igual que otros ministros y viceministros, los periodistas también podrían ser citados para dar su versión de los hechos. “Y si nos permiten, también a algunos de ustedes (periodistas) los podemos citar para que nos cuenten su versión. Ustedes han vivido lo que ha pasado el 26 de junio”, afirmó Del Castillo.

Las entidades periodísticas señalaron que convocar a los periodistas podría convertirlos en testigos obligados para respaldar la narrativa del Gobierno. Además, podría implicar la solicitud de revelar información confidencial obtenida en la cobertura periodística.

Según el artículo 107 de la Constitución Política del Estado, la actividad periodística se rige por los mecanismos de autorregulación vigentes mediante el Tribunal Nacional de Ética Periodística y la Ley de Imprenta. Alanez subrayó que el periodismo no puede ponerse al servicio de ningún poder y debe regirse en busca de la verdad, con principios universales como la contrastación y verificación de fuentes, independencia y neutralidad para informar.

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