Como casi en todos los conflictos sociales, el gobierno de Luis Arce otra vez habló este jueves de un posible “golpe de Estado”, mientras se mantiene una serie de bloqueos en los nueve departamentos del país en protesta por la escasez de combustibles y de dólares.

“Es un ataque, es el inicio del golpe de Estado contra nuestro gobierno, porque ellos, los de la Cámara Boliviana de Transporte, dicen que necesitan diésel y gasolina, (pero cuando) estamos yendo a transportar (los combustibles) no permiten que vayan las cisternas hasta Arica, Chile”, dijo Edgar Montaño, ministro de Obras Públicas.

Agregó que en este nuevo conflicto ven las acciones de las mismas personas o de los mismos actores “que dieron el golpe de Estado de 2019” y que, por eso, ahora hasta se pide la renuncia de varias autoridades.

Montaño es una de las autoridades que de manera constante es cuestionada por los transportistas por no solucionar la crisis y de quien se pide su renuncia.

Asimismo, un sector de los movilizados pide la renuncia del ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, además de los titulares de Yacimientos y de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Armin Dorgathen y Germán Jiménez, respectivamente.

Al igual que Montaño, el viceministerio de Coordinación y Gestión Gubernamental, Gustavo Torrico, también aseguró que “ha quedado claramente demostrado que el paro del transporte y el bloqueo tiene más tintes políticos que sindicales o gremiales”.

En pasadas horas, la dirigencia del transporte pesado y el Comité Pro Santa Cruz instalaron al presidente Luis Arce a acortar su mandato constitucional.

Frente a esa situación, Arce dijo el miércoles que ve “posiciones muy demagógicas y oportunistas sobre el tema de pedir el acortamiento de mandato”.

“Si eso era el fondo del tema, no necesitan perjudicar a la población, no necesitan estar poniendo en situaciones muy complicadas a la población boliviana”, añadió el mandatario del país.  

Pérdida económica

Montaño, por otra parte, aseguró que la pérdida económica por este conflicto asciende “a más de 6.881.000 bolivianos sólo por la recaudación de Vías Bolivia (peajes)”.

“Ahora, con esta pérdida (…), ¿vamos a seguir haciendo la misma cantidad de mantenimiento (de carreteras) ?, ¿quién nos va a reponer esos recursos económicos que van destinados a la mejora de carreteras?, ¿quién nos va a reponer todo lo que se está arruinando (en las vías) por la quema de llantas y por poner tierra en carreteras?”, cuestionó.

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