El Estado boliviano y sus autoridades no están cumpliendo completamente con las normas que combaten la trata y tráfico de personas; pero además los casos están yendo en aumento significativo, señala el reporte de esta temática elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos, por lo que bajó al país a la “lista de vigilancia de nivel 2”.
“El Gobierno no demostró un aumento general de los esfuerzos en comparación con el período del informe anterior. Los funcionarios no informaron haber investigado, enjuiciado o condenado a los traficantes y no informaron haber identificado o referido a las víctimas para que reciban atención. Por lo tanto, Bolivia fue degradada a la Lista de Vigilancia de Nivel 2.
Desde el años 2000 el Gobierno de EEUU realiza un monitoreo de casos de trata y tráfico en los países a nivel mundial y los clasifica de acuerdo al trabajo que realizan en contra de ese ilícito. Según el informe 2023 Bolivia descendió al nivel 2.
“Los países que están en el nivel 2 “Lista de vigilancia” son lo que, además de tener el perfil del nivel 2, tienen un número estimado de víctimas que es significativo o que va en aumento, y donde no se están tomando acciones proporcionales a ello, o donde no se tiene evidencia suficiente de los esfuerzos para los años anteriores”, explica la ONG, Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil.
El informe dejó 13 recomendaciones para el Estado boliviano, entre las que se encuentran: investigar y enjuiciar enérgicamente los delitos de trata, y buscar penas adecuadas para los traficantes condenados, lo que debería implicar un tiempo de prisión significativo.
Brindar servicios de protección a las víctimas de la trata en todo el país, incluidos hombres y niños, y reabrir el albergue para niños víctimas de la trata en La Paz.
Financiar e implementar el Plan de Acción Nacional (PAN) 2021-2025.
Designar inspectores de trabajo especializados y capacitar a todos los inspectores de trabajo sobre identificación de víctimas y remisión penal de casos de trabajo forzoso. Bolivia tiene serios problemas de trabajo infantil en los centros mineros.
Modificar la ley contra la trata para garantizar que no se requiera una demostración de fuerza, fraude o coerción para constituir un delito de trata sexual infantil.
Evaluar a los migrantes venezolanos desplazados en busca de indicadores de trata, incluidos los individuos en el sexo comercial y aquellos que trabajan en sectores de alto riesgo.
Desarrollar e implementar un sistema centralizado de recopilación de datos sobre el tráfico para reconciliar datos duplicados almacenados en diferentes sistemas.
Dirigir al personal del Ministerio de Salud para que evalúe a las poblaciones vulnerables en busca de indicadores de trata al realizar exámenes médicos.
Proporcionar intérpretes para ayudar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley que investigan casos de turismo sexual infantil en lugares turísticos populares.
“Las autoridades no informaron haber investigado, enjuiciado o condenado a ningún traficante, en comparación con el período de informe anterior, cuando los funcionarios informaron 419 denuncias abiertas presentadas ante la policía nacional, 62 investigaciones de trata, 22 procesamientos de trata (12 por trata sexual, cinco por trata laboral y cinco por otras formas de servidumbre), y 12 condenas por trata (cinco por trata sexual y siete por trata laboral). Los medios indicaron que las autoridades habían recibido 420 denuncias relacionadas con la trata en los primeros siete meses de 2022”, señala otra parte del informe.