El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, llegó hasta la Asamblea Legislativa Plurinacional para participar de la comisión planificación de diputados que trata el Presupuesto General del Estado 2025. A su llegada, la autoridad observó ciertas 'condiciones' para que la sesión se desarrolle con normalidad.
A su ingreso, Montenegro manifestó su deseo que la sesión avance sin "exabruptos" y pidió a los asambleístas que "puedan escuchar" las explicaciones sobre las diversas partidas establecidas en el PGE.
Legisladores del evismo y de la oposición han sido muy críticos con la forma de tratar los PGE por parte del oficialismo. La norma establece un plazo de 60 días para su tratamiento y discusión. Sin embargo, se ha demorado el debate por más de un mes, lo que acorta los tiempos para la revisión y cuestionamiento a los Presupuestos.
El Gobierno explicó algunas particularidades del PGE la última semana de noviembre. En ese momento, Montenegro garantizó un panorama de estabilidad macroeconómica con un crecimiento del 3.51%. A modo de titular destacó una inversión pública que supera los $us 4.000 millones y un incremento en la partida asignada para sueldos y salarios.
Tras un análisis más detallo de los presupuestos, tanto opositores como economistas alertaron sobre las disposiciones transitorias que se incluyen en el proyecto de ley. En concreto, se hizo foco en una de estas disposiciones. De validarse los PGE, el Gobierno contaría con la facultad de "controlar, fiscalizar, confiscar o decomisar producto y alimentos que sean almacenados, retenidos o presuntamente utilizados para incrementar los precios de forma arbitraria".
Ante los constantes cuestionamientos, el ministro de Economía justificó la necesidad del artículo para "luchar contra malos intermediarios que hacen agio y especulación de los productos". Además responsabilizó a la población de ser quien pidió al presidente Luis Arce actuar ante la subida de precios.
Las regiones también han manifestado su preocupación por estos presupuestos. En una reunión de gobernadores realizada la pasada semana en Santa Cruz se pidió al Gobierno replantear los presupuestos ya que delegaba diversas responsabilidades a las gobernaciones pero éstas no iban acompañadas de los recursos correspondientes.
Sin embargo, hay otros muchos cuestionamientos a los Presupuestos y por eso se ha demandado, desde sectores políticos, el debate en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Denuncia la intención del Ejecutivo de dilatar cualquier proceso parlamentario para que, una vez cumplidos los 60 días dispuestos en la Constitución, los PGE 2025 se validen de manera directa.
El proyecto ingresó a la Asamblea el 30 de octubre, pero recién fue conocido por los miembros de la Comisión de Planificación. Los legisladores se preparan para el receso de fin de año y la bancada leal al presidente asegura que hay tiempo y voluntad pra tratar este proyecto de manera democrática