El abogado constitucionalista William Herrera cuestiona el alcance del informe denominado "Análisis de integridad electoral" que utilizó el Ministerio Público para concluir el caso de fraude relativo a las elecciones presidenciales de 2019. Se trata, en palabras del propio letrado, de un "trabajo encomendado, a pedido y pagado" por la Fiscalía.
El trabajo realizado por el profesor de la Universidad de Salamanca, Juan Manuel Corchado, y dos alumnos de dicha universidad española, "reconoce la manipulación en el cuerpo del informe" aunque en las conclusiones no se recoge esa situación, dijo Herrera.
Otro dato relevante que observa el abogado constitucionalista en el documento entregado por los investigadores españoles se refiere a una parte copiada, de forma textual, del mismo informe de la Organización de Estados Americanos (OEA). "Se repiten unas conclusiones del informe de la OEA, tal cual, un copy paste (copiar y pegar)", critica el jurista.
En el programa 'Influyentes', de EL DEBER Radio, Herrera expuso sus dudas sobre dicho estudio y cuestiona la participación real de la universidad española. "No creo que (la Universidad de Salamanca) se preste para una cosa como esta, esto no es serio", afirmó en los micrófonos de EL DEBER Radio.
La falta de una firma institucional en el documento incrementa las dudas sobre la seriedad del trabajo. El análisis está suscrito por el profesor Corchado y se elaboró con el respaldo de dos estudiantes universitarios.
"La Fiscalía General de Bolivia ha enviado las evidencias sobre las que ellos (los investigadores) tenían que haber trabajado", detalla Herrera. Además, desconoce si los responsables del estudio han acudido al país para conocer detalles relativos a los hechos que envuelven el fraude electoral de 2019.
Otro frente cuestionado por el constitucionalista pone en evidencia el papel internacional que estaría haciendo el país al cuestionar la labor de la misión de observadores de la OEA. "No puede echar por la borda el informe de la OEA, que fue un informe multidisciplinario", fruto de la labor profesionales que "presenciaron el proceso electoral in situ", manifestó.
Herrera lamenta el "sometimiento del Poder Judicial en su conjunto" al dictamen del Ejecutivo. Aclara, el abogado, que se refiere al conjunto de "Poder Judicial, Ministerio Público, Policía y sistema carcelario" por su actitud "sumisa".
Además, asume que el retraso en la anunciada reforma judicial se posterga por que "no le conviene al Gobierno" que estaría interesado en la "desinstitucionalización del Estado en su conjunto".
El fiscal General de Estado, Juan Lanchipa, validó el análisis realizado por la Fundación General de la Universidad de Salamanca. Una revisión a la página web de la fundación revela que existe un convenio para un trabajo similar de análisis electoral con Panamá, en julio de 2020; pero las referencias a Bolivia se remiten al año 2011 cuando suscribió un acuerdo con la Universidad del Valle. Sobre el acuerdo con la Fiscalía no muestra ningún resultado.
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El informe pagado por la Fiscalía no establece si los vocales influyeron en la modificación del resultado electoral. El documento de la OEA, de noviembre de 2019, identifica “paralización intencional” del TREP