“Bolivia está entre los 11 países más ricos en biodiversidad del planeta”, recordó Miguel Crespo, de Probioma, en plena época de destrucción de los bosques bolivianos a causa del fuego.

Para él, esta gran riqueza ha sido históricamente desperdiciada, a la hora de construir el desarrollo del país.

Cree que el extractivismo y agroextractivismo han condenado a Bolivia a ser un simple proveedor de materias primas y con una industria incipiente, a pesar de que “en los bosques está la farmacia del mundo”; los energizantes; los súper alimentos; los microorganismos para el control de plagas y enfermedades; y la generación de agua y oxígeno.

Crespo resaltó que los bosques son el muro de contención de epidemias, reguladores del clima y pueden ser aprovechados los recursos genéticos que albergan, mediante la innovación tecnológica de la biodiversidad en la base de industrias limpias, la producción de alimentos agroecológicos, el ecoturismo cultural y científico, la apicultura y sus derivados, etc., “que seguramente generarán diez veces más recursos económicos y empleos sostenibles, investigación e innovación científica, que lo que genera el modelo extractivista imperante en el país. El cambio de visión y modelo de producción es imperativo y urgente para la supervivencia de los bolivianos”, concluyó sobre lo que se debe hacer para preservar la riqueza natural nacional.

Igual que Crespo, la senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, apuntó a la urgencia de un cambio de visión como parte de la estrategia.

“Tenemos un grave problema de falta de visión alternativa de un desarrollo auténtico. Actualmente, lo que hay es un mal desarrollo, por eso debe superarse el extractivismo tradicional de Bolivia desde la colonia, con minería, hidrocarburos, y más reciente la agropecuaria mal gestionada, ya que todas estas actividades vuelven el suelo un recurso natural no renovable porque lo erosionan”, explicó.

Para la senadora, esta es una herencia de la que nadie se libera rápidamente, por eso la relevancia de plantear transiciones responsables. “El punto es hacia dónde vamos, y a eso me refiero con la visión, si hacia la profundización del extractivismo, como respuesta de los políticos tradicionales, o bien, a partir de reconocer esa realidad, hacia otra economía diversificada, desconcentrada y fuertemente basada en comunidades, empresas privadas, capaz de dar bienestar a la gente en los territorios, sin dependencia de dádivas estatales sino que puedan sostenerse”, indicó.

Requena considera que Bolivia todavía tiene enormes oportunidades de desarrollar más de esas economías, que ya existen, como la economía del cacao, café, etc. “Todas estas economías están basadas en una visión que no se pelea con la naturaleza, a diferencia de hoy, cuando a menudo hay que elegir entre explotar recursos naturales no renovables y destruir las oportunidades. No es idealismo ni salto al vacío, ya existen experiencias concretas, y pagan bien, a diferencia de commodities como la soya”, afirmó.

Aludiendo a la coyuntura, Requena dijo que todo el dinero que está gastando el país en importar combustibles, y en explorar, podría dirigirse, en parte, a la transición energética y productiva, como hizo Costa Rica. “La conservación no viene de defender áreas protegidas, de castigar a la gente, sino de que la economía deje de implicar la destrucción de los ecosistemas”, reforzó.

El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya Aro, recordó que el patrimonio natural está detallado y constitucionalizado, que involucra las especies y las áreas protegidas que se constituyen en un bien común, al permitir un conjunto de funciones ambientales, culturales, sociales y económicas para el desarrollo sustentable.

Remarcó que la Constitución señala que el Estado debe establecer y desarrollar medidas para su conservación, aprovechamiento y desarrollo, y que eso implica el tratamiento, promulgación y publicación de normativas; la asignación de recursos económicos y humanos para garantizar la protección del patrimonio natural; la revisión y/o ajuste de los contenidos de educación que profundicen la convivencia con la Madre Tierra. “En suma, un conjunto de acciones que permita a toda la sociedad en su conjunto proteger, disfrutar y convivir con la Madre Tierra, al ser un patrimonio interdependiente”, resaltó.

Desde su sector, y como directora departamental de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosque y Tierra (ABT), Vaneza Mérida, considera que los planes de manejo son una manera sostenible de preservar la riqueza natural sin destruir el bosque, pensando en el futuro de las próximas generaciones.

“Permiten hacer una canasta de especies, y el árbol debe tener el diámetro perfecto, de tal modo que cuando se censa existen árboles que no pueden tocarse”, resaltó.

Para Ana Patricia Suárez, secretaria departamental de Medio Ambiente, es imprescindible que todas las instancias del Estado hagan su parte en la protección de la naturaleza.

Admitió que es imprescindible atender de forma oportuna a las denuncias de la ciudadanía; fiscalizar, a pesar de la disminución de los recursos; pero remarcó la necesidad de actualizar, tras un análisis serio, las diferentes leyes nacionales que permiten la aprobación de planes que no están acordes al Plan de Uso de Suelo (PLUS) de cada departamento.

Según Pablo Villegas, investigador del Cedib, la actual situación ambiental es tan grave, que no hay instituciones, “y las que deberían estar a cargo, como Ministerio de Minería, INRA, ABT, han perdido institucionalidad porque responden a intereses claros que están aplicando en la política”.

Recomendó que los verdaderos afectados con los impactos ambientales, como los municipios y comunidades, conformen mancomunidades para actuar como una contraparte de las instituciones del Gobierno central y de las gobernaciones.

“Por una parte para presionar y hablar con ellos, y por otra para organizar a los usuarios forestales y a la sociedad civil que ha sido afectada, a fin de tomar medidas locales, como la creación de una guardia forestal, no solo bomberos, sino que se organice y vigile las quemas de bosques”, sugirió.

“Medidas concretas”, eso es lo que se requiere, precisó Lorena Kempff, de la Fundación Noel Kempff Mercado, para quien es preocupante que se enfrenten y agraven los mismos problemas que se plantearon en décadas pasadas.

Opina que es imperativo cambiar la relación con la naturaleza, abandonando un sistema económico basado en el crecimiento ilimitado. “La sociedad necesita líderes empresariales y políticos con una visión a largo plazo y una economía que priorice la ecología para garantizar la sostenibilidad económica y social, protegiendo nuestro patrimonio natural, que es uno de nuestros activos más valiosos”, aseveró.

El ingeniero hidráulico Juan Carlos Sauma, recordó que los recursos naturales del planeta tierra son finitos, y que hay que compatibilizar velocidades de depredación con velocidades de reconstitución.

Para él, se debe educar, legislar y actuar. En educación, enfatizó el entendimiento de los fenómenos depredatorios y sus consecuencias, y la introducción de nuevas tecnologías para satisfacer las necesidades humanas con nulos impactos ambientales.

En legislación, remarcó la importancia de partir de la realidad local, con limitaciones a la explotación de los recursos naturales, a fin de garantizar procesos sostenibles de largo plazo.

Por último, en cuanto a la actuación, dijo que se requiere cumplir lo que manda la ley, incluso si esto conlleva la intervención de la fuerza pública, pero con un brazo especializado que actúe basado en un código de conducta, para así evitar la inacción por negligencia administrativa y/o acciones caóticas por presiones políticas circunstanciales.

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