Los ministros de la Presidencia, Hidrocarburos, Agua, Gobierno, Obras públicas, Justicia y Culturas, vieron una amenaza en los pliegos interpelatorios de las cámaras de Senadores y Diputados y por esa razón solicitaron ser incluidos como “terceros interesados” en la acción de amparo constitucional que presentó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
“A raíz de la mala aplicación del Reglamento de la Cámara de Diputados sobre la Fiscalización, no solo afecta al señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas, sino también al Ministro de Hidrocarburos y Energía porque existe una amenaza de interpelación sin cumplir los mecanismos legales correspondientes, en ese sentido, se solicita se conceda la tutela”, señala el argumento del ministro, Franklin Molina Ortiz. Con similares criterios otros seis ministros se plegaron a la acción de amparo que presentó Montenegro, de acuerdo con el documento de la red Erbol.
El 24 de agosto se realizó la audiencia de amparo en la sede de Gobierno. En la misma, la defensa del ministro explicó que Montenegro fue convocado el 30 de marzo de este año a un informe oral sobre la Gestora Pública en la comisión de Política Social de la Cámara de Diputados. Ese informe debía producirse el 27 de abril; un día antes, el ministro mandó una nota pidiendo reprogramación porque estaba negociando con los ejecutivos de la COB los temas del 1 de mayo.
Según el relato del afectado al no recibir respuesta a su pedido de reprogramación, envió otra nota el 5 de mayo y solamente recibió otra nota del presidente de la Cámara de Diputados fijando sesión de interpelación para el 15 de agosto.
De acuerdo con el memorial, la Asamblea violentó los derechos de Montenegro, porque sin esperar el informe oral, luego el informe escrito lo citaron directamente para una interpelación, es decir, los diputados no agotaron las peticiones de informe, ese fue el “error” de los parlamentarios.
Pidió que se suspenda la interpelación hasta que el Órgano Legislativo adecúe la ley 1350 que regula estos actos de fiscalización. El diputado Rolando Enríquez Cuéllar presentó una acción de inconstitucionalidad abstracta contra esa ley que permitió que el ministro de Gobierno, Carlos Eduardo Del Castillo, sea repuesto en el cargo el 29 de junio luego de ser censurado.
Frente a esa situación y viendo el antecedente de Del Castillo, la ministra de la Presidencia, María Neal Prada; de Hidrocarburos, Franklin Molina; de Aguas, Rubén Méndez; de Obras Públicas, Édgar Montaño; de Justica, Iván Lima; y de Culturas, Sabina Orellana, se constituyeron en terceros interesados y fueron incluidos en el fallo.
“En razón a la medida cautelar solicitada por el accionante (Marcelo Montenegro) y terceros (los siete minisros), esta Sala Constitucional dispone la suspensión provisional de los actos interpelatorios en contra de los terceros interesados hasta que la Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional radicada la presente acción, valore la pertinencia o no de la decisión que toma este Tribunal de Garantías Constitucionales y decida sobre ella”, señala el segundo punto de la resolución 201/2023 de la Sala Constitucional Primera, de La Paz.