El proceso de extradición de Maximiliano Dávila, el último jefe antidroga de Evo Morales, pasó a una etapa de coordinación diplomática a través de la Cancillería, mientras que el juzgado Cuarto de Instrucción Penal, Anticorrupción y contra la violencia hacia las mujeres de la Capital del Departamento de Chuquisaca ya fue notificado para hacer cumplir con el procedimiento y el trámite legal.

Esta entidad judicial, de acuerdo con el Auto Supremo 337/2024, estará a cargo de excarcelación de Dávila, quien guarda detención preventiva en el penal de San Pedro desde 2022, para que se viabilice la extradición a Estados Unidos. El procedimiento, cuando llegue el momento, será coordinado con Interpol.

El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, informó ayer que la Cancillería boliviana ya ha concluido las gestiones judiciales necesarias y se encuentra en fase de coordinación con el Departamento de Estado de Estados Unidos. Según la autoridad, solo se espera la confirmación de disponibilidad para que un avión estadounidense traslade a Dávila antes de las fiestas navideñas

“La extradición del señor Dávila es un hecho irreversible. Estamos coordinando los últimos detalles para concretarla. Cuando tengamos la fecha exacta, la haremos pública”, señaló Del Castillo.

Maximiliano Dávila es requerido por la justicia estadounidense bajo los cargos de conspiración para la importación de “más de cinco kilogramos de cocaína” y la utilización de armas de fuego para facilitar estas actividades. Ambos delitos están estipulados en el Código Penal de Estados Unidos con penas severas debido a la magnitud de las operaciones ilícitas.

Por su parte, el abogado de Dávila, Manolo Rojas, cuestionó la celeridad del Gobierno en este proceso. “Aún no se han cumplido los debidos procedimientos, como la notificación oficial. Además, el país atraviesa una vacación judicial, lo que hace imposible que la extradición se concrete antes de Navidad”,

Mientras avanza el proceso, Régimen Penitenciario ha asegurado que Dávila permanece bajo estrictas medidas de seguridad en un área especial dentro del penal de San Pedro. Según el director de esta institución, Juan Carlos Limpias, se garantizará el cumplimiento de los procedimientos legales una vez que se reciban las órdenes oficiales y diplomáticas.

“Tenemos un grupo de seguridad donde está cabalmente él desde que llegó, ese espacio está con seguridad, al resguardo de la seguridad interna del penal de San Pedro”, mencionó Limpias.

Dávila fue capturado por la Policía Boliviana el 22 de enero de 2022 cuando estaba por huir a Argentina; dos días después fue enviado a prisión bajo cargos de legitimación de ganancias, no por narcotráfico. El 2 de febrero de ese año, Ned Price, un portavoz del Departamento de Estado de EEUU leyó un comunicado con el que anunció el pago de una recompensa de hasta $us 5 millones “por información que conduzca a la condena en una corte en Estados Unidos”. La declaración del funcionario norteamericano tiene como base la acusación formal del Gran Jurado de Nueva York, el mismo tribunal que sustanció los cargos contra el narcotraficante mexicano Chapo Guzmán, ex líder del cartel de Sinaloa.

El mexicano fue condenado en 2019 a 30 años por la Corte Federal del Distrito Este de Nueva York, mientras que el caso del ex jefe policial boliviano radica en el Distrito Sur de esa jurisdicción tras la acusación emitida el 20 de septiembre de 2020.

El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Bolivia, Marco Ernesto Jaimes Molina, tras anunciar la decisión de la Sala Plana de la entidad judicial, señaló que los delitos de narcotráfico que persigue EEUU son distintos a los cargos instalados en el país. De hecho, el exjefe antidroga era investigado por legitimación de ganancias ilícitas.

Según el expediente de ese juzgado al que accedió EL DEBER, Dávila arriesga cadena perpetua. Fue señalado de conspirar para importar más de cinco kilogramos de cocaína a territorio estadounidense, un delito tipificado bajo el Título 21 del Código Penal de EEUU. Además, las investigaciones sugieren que el acusado habría formado parte de una red que coordinó actividades ilícitas que tienen que ver con tráfico de armas y la dotación de logística para estas tareas ilegales.

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