Tras la validación del Presupuesto General del Estado de 2025 (PGE-2025) por parte de la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, el proyecto debería ser debatido esta semana en el pleno de esa cámara y enviarlo al Senado antes del inicio del receso parlamentario previsto inicialmente a partir del 18 de diciembre, según las previsiones del oficialismo.

Si el PGE no se valida en el Legislativo hasta antes de esa fecha, la normativa puede entrar en vigencia a partir de un decreto, puesto que se trata de un instrumento legal transitorio que debe durar solo un año. Los legisladores de la oposición y de la facción evista del MAS rechazaron al menos cinco disposiciones transitorias que estaban al margen de objetivo del Presupuesto.

“Esperemos que se trate pronto este proyecto; hay que debatirlo y modificarlo”, mencionó el diputado Gustavo Aliaga, quien es parte de esa Comisión. Además, señaló que en la facción del MAS que es leal al presidente Luis Arce “hay un miedo al evismo”, cuyos legisladores anticiparon varias observaciones a este documento.

Pero, durante la sesión del viermes, la comisión hizo cinco modificaciones y el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, aseguró que la Asamblea puede hacer los ajustes en en el debate.

El proyecto de Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) para 2025 llegó al Legislativo el 30 de octubre, pero su tratamiento comenzó hace una semana. La Constitución fija un plazo de 60 días para que se trate el documento antes de su validación via decreto. El plazo vencerá el 30 de diciembre, pero en esa fecha es muy probable que la Asamblea Legislativa este en pleno receso.

De todas maneras, el proyecto avanzó en su tratamiento en medio de un contexto de crisis económica, cuestionamientos políticos y ajustes. Este documento, que dirige la política económica del próximo año, se enfrentó a posturas divididas entre oficialistas y las bancadas de opositores.

Los ajustes al proyecto incluyen la eliminación del Artículo 13, que contemplaba la posibilidad de acceder a $us 3.000 millones en créditos externos, y de la disposición adicional séptima, que autorizaba el decomiso de productos esenciales como medida contra el agio y la especulación. Asimismo, el Artículo 14, que regula garantías multilaterales por $us 1.000 millones, y el artículo 10, relativo a incentivos para la reinversión de utilidades, deberán reformularse en su redacción. También se acordó modificar el texto relacionado con los Bs 300 millones destinados al Bicentenario, reflejando la sensibilidad política ante los gastos proyectados para el año electoral. Aliaga calificó esos gastos de excesivos.

El viernes, el oficialismo logró 10 votos favorables para la aprobación en la Comisión. La abstención de Comunidad Ciudadana (CC) y la ausencia de representantes adscritos de Santa Cruz reflejaron el desencuentro político en torno al documento.

El empresariado cruceño, representado por Jean Pierre Antelo, presidente de la Cámara de Industria, Comercio y Turismo (Cainco), cuestionó el presupuesto por considerar que ignora la crisis económica del país y depende excesivamente de deuda interna y externa para cubrir el déficit fiscal. También criticó las restricciones a las exportaciones, como en el caso del aceite, que según él, impactan negativamente en los sectores agroproductivo y minero, los únicos que generan divisas para el país.

“El presupuesto no reconoce un análisis real de la situación económica, se limita a copiar y pegar lo presentado el año pasado”, enfatizó Antelo en una entrevista con EL DEBER Radio. Además, alertó que la polarización política podría intensificarse en un año electoral, agravando los desafíos económicos para un país en crisis.

Según el Ministerio de Economía, el PGE 2025 destina el 73% de los Bs 51.895 millones para sueldos y salarios a sectores prioritarios como salud, educación, Policía, Fuerzas Armadas y universidades. Sin embargo, este enfoque ha sido cuestionado por no contemplar estrategias para enfrentar problemas críticos como la inflación, que alcanzó el 9% este año, y la falta de combustible.

En un entorno de este debate está marcado por el agotamiento del modelo económico basado en el extractivismo y los ingresos públicos dependientes de la deuda, el debate del PGE 2025 evidencia las tensiones entre las necesidades urgentes de la población, especialmente vinculadas a la generación de recursos.

El PGE también debería garantizar el presupuesto que debería administrar el Tribunal Supremo Electoral (TSE) en un año en el que se deben realizar las elecciones presidenciales. De acuerdo con la solicitud de esta entidad, se requiren más de Bs 200 millones. Eso sí, el TSE también exige que la Asamblea valide la ley de escaños para garantizar esos comicios.

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