La investigación para capturar al narcotraficante uruguayo Sebastián Enrique Marset Cabrera y desarticular a su red de encubridores continúa y esta vez se centra en una funcionaria del Servicio General de Identificación Personal (Segip) que habría emitido dos cédulas de identidad falsas para favorecer a esta organización criminal.

El informe del cuadernillo de investigación de la Policía y la Fiscalía, al que accedió EL DEBER, identifica a esta funcionara con el nombre de Ángela Andrea B. G. y la acusa de favorecer de manera directa a Marset y a su supuesto socio Julio Luis Deal Smith Barrios, quien también es de nacionalidad uruguaya e igualmente tiene antecedentes por tráfico de drogas.

Ángela Andrea empezó a ser investigada desde finales del mes de julio, cuando se descubrió que Sebastián Enrique Marset Cabrera obtuvo en 2019 una cedula falsa emitida por el Segip con el nombre de Gabriel De Souza Beumer, de nacionalidad boliviana, la cual fue usada para viajar en vuelos aéreos sin ser detectado por la Policía.

¿Pero, cómo obtuvo Marset está cédula sin que se detecte su verdadera identidad? El informe policial señala que Marset no fue registrado en el sistema biométrico para evitar que su huella dactilar alerte que era extranjero y tenía antecedentes. Solo fue cedulado con un certificado de nacimiento boliviano que fue emitido Registro Civil con el nombre de Gabriel De Souza Beumer.

El 17 de agosto, agentes del Centro Especial de Investigación Policial (CEIP) descubrieron que Ángela Andrea B. G. también emitió otra cédula falsa al narco uruguayo Julio Luis Deal Smith Barrios, pues en el allanamiento al edificio Torre Real se encontró una Cédula de Identificación de Extranjero (CIE) de este sujeto que lo identificaba con el nombre falso de Julio Luis Deal Barrios.

Según los informes de la Fiscalía, Julio Luis Deal sacó su nuevo documento de identidad omitiendo su apellido Smith para evitar que lo reconozcan en Bolivia con sus antecedentes de narcotráfico.

A los investigadores policiales les llama la atención este caso, porque Julio Luis Deal obtuvo su CIE con nombre falso con el mismo modus operandi de Marset, es decir, que no se registró en el biométrico del Segip para evitar que se descubra que tenía antecedentes penales.

“Luis Deal recogió su CIE a sabiendas que no había sido biometrizado, dando lugar a que el mismo pueda volver a sacar una nueva cédula con otra identidad, toda vez que al no biometrizar, el sistema del Segip no alerta en el momento que una persona intenta cambiarse de identidad”, dice parte de la imputación formal de este caso al que tuvo acceso EL DEBER.

El director departamental del Segip, Alpacino Mojica, ha sido citado a declarar en dos oportunidades, junto a otros trabajadores de esta institución, por las emisiones de las cédulas de identidad que se realizaron en favor de la organización criminal de Marset.

“No hay nada que esconder, nos hemos puesto a disposición de la Fiscalía. Vamos a dar con todas las personas del 2019, cuando (Marset) sacó los documentos”, dijo Mojica tras acudir a declarar la primera semana de agosto.

Pago millonario

La Policía y la Fiscalía cree que Julio Luis Deal Smith Barrios creó una “empresa fachada” para lavar dinero de su compatriota prófugo, Sebastián Marset Cabrera, debido a que recientemente recibió el pago de 20 millones de dólares desde Estados Unidos y no supo explicar cuál era el destino de esta cuantiosa suma dinero.

Además, el fiscal departamental Róger Mariaca indicó que Luis Deal fue una de las personas que ayudó a fugar a Marset y que participó en el secuestro de los tres policías, que buscaban ejecutar la captura el pasado 29 de julio.

Según sus antecedentes, el uruguayo cayó preso por primera vez en su país en 1998 junto a tres paraguayos por narcotráfico. Además, recibió condena por los delitos de hurto, simulación de delito, suministro de estupefacientes y asociación para delinquir, según informó el Ministerio del Interior de Uruguay, al diario El Observador.

También fue citado a declarar por las investigaciones que le abrió la Fiscalía de su país por los delitos de estafa, usurpación y falsificación de documento público.

Lea también

​