Juana Camargo /Buenos Aires
La fundación Apolo, una entidad privada sin fines de lucro que promueve el “activismo judicial” en favor de la lucha contra la corrupción en Argentina, solicitó a las autoridades judiciales del país ampliar la investigación por trata y tráfico de personas, planteada inicialmente contra Evo Morales, a otros actores de su entorno.
Además, la institución espera que las autoridades argentinas identifiquen plenamente al propietario de la casa que el expresidente ocupó en Buenos Aires en 2020 y donde pudo convivir “con cuatro adolescentes”, según la denuncia desvelada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, a principios de noviembre.
Los abogados Yamil Santoro y José Luis Lucas Magioncalda presentaron el 7 de noviembre una ampliación de la denuncia en la causa judicial N°0044621/2024, en la que se investiga presuntas infracciones del Artículo 145 del Código Penal argentino, referidas a la trata de personas, así como otros delitos graves en los que podría estar implicado Morales, según explicaron a EL DEBER.
En la ampliación de la denuncia también se incluye a los ciudadanos bolivianos Ruring River Covarruvias, ex militar y Hernán Solís Morales, primo de Evo Morales, quienes pudieron ser “los nexos en la supuesta red de trata vinculada al exmandatario”. Ambos ciudadanos habrían facilitado el contacto entre el expresidente y las menores de edad, ayudando en su traslado y estadía en la Argentina durante el periodo en que Morales estuvo en ese país calidad de asilado, una condición que fue levantada el pasado 2 de octubre.
El Ministerio de Justicia de Argentina informó ese día en un comunicado “que cesó el estatus de refugiado otorgado al expresidente boliviano Juan Evo Morales Ayma”, porque usó ese beneficio “indebidamente como herramienta política” por el expresidente argentino Alberto Fernández (2019-2023), “omitiendo el cumplimiento de los requisitos que establece” la ley Reconocimiento y Protección a los Refugiados que aplica el país.
Además de la denuncia, la fundación Apolo ha sugerido al Poder Judicial argentino que avance con una cantidad de medidas probatorias como, por ejemplo, establecer “quién era el titular de la vivienda donde residía Evo Morales en la zona de Colegiales, calle Conesa 1050”, ubicada en un barrio residencial de Buenos Aires.
La fundación Apolo también solicitó citar a exautoridades argentinas como al expresidente Alberto Fernández, al ex ministro de Relaciones Exteriores Felipe Sola y a la exdirectora de Migraciones Florencia Caviggliano, quien se habría negado a dar información solicitada anteriormente, respecto a las actividades de Morales.
En la misma línea, la fundación Apolo también solicitó información de las fuerzas de seguridad de Argentina, tomando conocimiento que el ex mandatario era custodiado por la institución de seguridad que le fue proporcionado por el Gobierno de Fernández.
“Estamos pidiendo colaboración a las autoridades bolivianas, de la misma forma a la justicia argentina para que aporten elementos interesantes e importantes para llegar a la veracidad de los hechos, porque Bolivia, en este momento, tiene dentro de su territorio al presunto victimario y a las presuntas víctimas”, sostuvo el abogado José Lucas Magioncalda director del equipo legal de la fundación Apolo al diario EL DEBER.
Cabe recordar que una primera denuncia fue presentada contra Evo Morales en la Cámara Federal y, una vez sorteada, la causa recayó en el Juzgado N°1, cuya titular es la jueza Servini de Cubria, mientras el fiscal que interviene es Carlos Ernesto Stornelli.
Ambas autoridades están a cargo de la investigación de la denuncia que pesa contra el exmandatario boliviano Evo Morales y otros. También deberán establecer si realmente existen elementos contundentes para seguir con esta causa legal.
En tanto Evo Morales podría ser citado y procesado por la justicia argentina, en caso de que la Fiscalía avance en la investigación sobre su presunta culpabilidad.
Bullrich confirmó el pasado 3 de noviembre la apertura de la investigación penal contra Morales. “Hace 15 días presentamos una denuncia por presunta comisión de delitos de trata de personas y abuso sexual”, publicó Bullrich en su cuenta de X (antes Twitter). “A la causa por abuso de menores que ya tiene abierta en Bolivia, se suma algo aún más aberrante: al socialista expresidente boliviano se lo acusa de haber convivido con cuatro adolescentes durante el asilo político que le brindó el kirchnerismo”, agregó la ministra argentina en su publicación. “Morales, denunciado. El delito en suelo argentino se paga”, sentenció la ministra de Seguridad.
“Es evidente la coordinación entre el gobierno de Luis Arce y el gobierno sionista de Javier Milei. Desde que soy dirigente me han acusado de terrorista, narcotraficante o asesino. Inventan procesos con fines políticos. Al final, todas esas mentiras caen porque la verdad prevalece. No se contentan con intentar eliminarme políticamente, mediáticamente o judicialmente”, escribió el expresidente tras estas denuncias.
Abogados señalan que existe una “coraza poderosa de impunidad” en favor del expresidente. Su defensa presentó varios alegatos y negó los cargos. La Fiscalía investiga al expresidente tras la renuncia de Iván Lima al Ministerio de Justicia.