Este lunes 28 de octubre se cumplieron tres años del secuestro y tortura a siete periodistas en la propiedad Las Londras, del municipio cruceño de El Puente. El aniversario llegó con noticias negativas para las víctimas, porque el juicio sigue iniciarse hace más de un año y Percy Suárez, uno de los periodistas afectados, decidió alejarse del proceso por la retardación de la justicia.
La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) alertó sobre el peligro de extinción del proceso judicial y denunció la impunidad que protege a los agresores, por lo que exigió reparación y justicia para las víctimas.
“El 28 de octubre de 2021, siete periodistas que realizaban la cobertura de avasallamientos de tierras en la propiedad Las Londras, provincia Guarayos del departamento de Santa Cruz, fueron emboscados, detenidos y amenazados de muerte por encapuchados armados, que los tuvieron secuestrados durante más de siete horas. Sin duda, esta fecha marca uno de los peores agravios contra la prensa boliviana en democracia”, lamenta la ANPB.
La ANPB afirma que la violencia desatada contra el grupo de periodistas afectó su derecho a la integridad personal y a la vida, y constituye una grave amenaza a la libertad de expresión y de prensa. Asimismo, la falta de debida diligencia en la investigación, persecución y sanción de los responsables vulnera el debido proceso, las garantías judiciales y el derecho de acceso a la justicia.
El inicio del juicio oral está estancado con el pretexto de que no pueden notificar a los cinco imputados. Se ha llegado al extremo de pedir a las víctimas que realicen las notificaciones sin tomar en cuenta la peligrosidad de los procesados, pero además sin explicar por qué no se los notifica por vía digital, o cuando van a firmar a la Fiscalía, como establecen las condiciones de su arresto domiciliario, lamenta la ANP.
“Lamentablemente, de inicio se observó una sospechosa falta de voluntad estatal para esclarecer el caso, pues las fuerzas del orden ingresaron al lugar 48 horas después de los hechos y, luego, durante la tramitación del proceso judicial, en dos ocasiones cambiaron a los policías encargados de la investigación y a los fiscales del caso; las autoridades judiciales dejaron en libertad a los principales acusados, y se activaron diversos mecanismos para desalentar a las víctimas de continuar con la demanda. Dejaron en libertad a los acusados sin considerar su alto grado de peligrosidad, situación que posteriormente quedó en evidencia cuando éstos participaron en otros avasallamientos de tierras con el mismo “modus operandi” y sembrando terror y violencia”, indica el pronunciamiento.
Ante esa situación, la ANPB demandó al Gobierno cumplir con su deber de garantizar justicia y de contribuir con la persecución de los responsables de la tentativa de asesinato a periodistas y exigimos a la Fiscalía General del Estado asumir un rol activo en la acción penal hasta el logro de una sentencia que haga justicia.
“Las Londras es una herida abierta, que no solo vulnera la libertad de prensa sino también el derecho de la ciudadanía a estar bien informada”, indica el documento.
Por su parte, Percy Suárez, uno de los periodistas afectados, manifestó este lunes que se retiró del proceso contra los cinco acusados del secuestro y tortura en Las Londras por la retardación de justicia y la falta de predisposición de la Fiscalía para notificar a las partes y lograr que se inicie el juicio, que ya lleva retrasado más de un año.
'Son tres años de estar presentando memorial, tras memorial. Ahora no firmo un memorial más. Tres años de poner en manos de la justicia pruebas de lo que nos hicieron a siete periodistas, sin que nos escuchen. El caso está en Concepción y no hay avance. La justicia es para el que tiene dinero, amistades y poder', cuestionó.
Además, lamentó que el fiscal general del Estado, Róger Mariaca, tampoco haya agilizado las actuaciones fiscales, pese a que conocía a detalle el caso, cuando fungía como fiscal departamental de Santa Cruz.
La abogada Raquel Guerrero, representante legal de la Asociación de Periodistas de Santa Cruz, indicó que el proceso contra los cinco acusados del caso Londras continuará y que la acusación debe ser seguida por la Fiscalía, aunque reconoció que quita fuerza al juicio la decisión de Suárez.
Guerrero visitó este lunes la Fiscalía de Guarayos para conocer los motivos que tiene la Fiscalía para no notificar a los acusados y lamentó la falta de voluntad del fiscal Camilo Velásquez para acelerar el juicio del caso Londras.
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