La Autoridad de Fiscalización y Control Social de los Bosques y Tierra (ABT) aplicará 1.000 litros de líquido retardante para contribuir a las labores de control y extinción de los incendios forestales en Roboré. El componente químico ya se ha enviado a la zona para su inmediata aplicación.

"Si no se logra controlar el frente del incendio, las llamas pueden llegar a José de Chiquitos", dijo un bombero forestal a EL DEBER Radio. El fuego se mantiene por nueve días y ya ha ingresado al Área Protegida Departamental del Valle de Tucabaca. 

La acción de los bomberos se centra en la creación de cortafuegos que "contengan y bloqueen" las llamas. Para ello se trabaja con maquinaria pesada.  

El líquido retardante que está entregando la ABT permitirá un mayor tiempo de trabajo a los bomberos. Anoche ya se habían consolidado más de nueve kilómetros de cortafuegos y resta, al menos, otros seis kilómetros para alcanzar toda la amplitud de un frente de incendio que alcanza los 15 kilómetros.

Riesgo en comunidades de San Matías

El incendio en el Área Natural de Manejo Integrado (ANMI) San Matías, también persiste por más de diez días y acecha tanto a la frontera con Brasil como a la zona del Pantanal.

Juan Pablo Cahuana, corresponsal de EL DEBER en esa zona fronteriza, informó sobre el desplazamiento de efectivos militares a la frontera para resguardar a la comunidad San Antonio de la Sierra. Las llamas se encuentran a cinco kilómetros de la zona habitada.

Los operativos en el Pantanal estaban encabezados por el viceministro de Defensa Civil, Juan Carlos Calvimontes, quien celebró la rápida intervención de las unidades de bomberos y de los efectivos militares para evitar que el fuego afecte a las estancias de la región. 

El viceministro aseguró que "en tres días máximo, el fuego estará controlado".

Desde la Fundación Amigos de la Naturaleza (FAN) se reporta que la zona afectada en San Matías supera las 110.000 hectáreas. De ellas, 23.000 hectáreas corresponden al ANMI San Matías.

Tensión entre cívicos e INRA

La postergación de las acciones de protesta por parte de los cívicos provinciales, supone un alivio a la tensión que existe entre las autoridades nacionales y de la Gobernación. Los cívicos consideran que todas las energías deben centrarse en la extinción del fuego y un bloqueo de caminos resultaría contraproducente.

El director departamental del INRA en Santa Cruz, Adalberto Rojas, dijo que la institución continuará con el cronograma  de inspecciones rutinarias para avanzar en el saneamiento de tierra. Espera no tener inconvenientes con los cívicos a quienes advierte con acudir a la justicia en caso de que se les interrumpa esta inspección. 

Desde la Asamblea Legislativa Departamental se cuestiona la labor del INRA con la aprobación de asentamientos. Un informe aprobado por mayoría reconoce la existencia de resoluciones aprobadas para predios que no están habitados así como la ocupación de tierras en áreas protegidas, situación catalogada como ilegal.

La asambleísta indígena Aida Gil pedirá explicaciones al INRA sobre el tema.

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