Tras una reunión, que culminó pasadas las 18:30, el Comité Interinstitucional impulsor del Censo, liderado por la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm), determinó declararse en emergencia hasta que se dé cumplimiento a la Ley 1492 de Aplicación de los resultados del Censo de Población y Vivienda en los ámbitos financieros y electoral.
Además, en las resoluciones se acordó que, en los próximos días, se convocará a la ciudadanía a una marcha pacífica, que se radicalizará de manera escalonada; no se descarta un paro, si el Gobierno nacional no atiende las demandas referidas a la economía del país, los resultados del Censo 2024 y la plena vigencia de la Constitución Política del Estado.
Manfredo Bravo, vocero del Comité Interinstitucional, estuvo a cargo de leer las resoluciones, que acordaron los representantes de organizaciones políticas, como Creemos; la diputada Luisa Nayar (CC), el presidente de la Brigada Parlamentaria Cruceña, Richard Ribera; los concejales José Alberti, e Israel Alcócer.
También estuvieron presentes líderes del transporte pesado, la Sociedad de Ingenieros de Bolivia, el Colegio de Economistas, la Federación de Juntas Vecinales (Fejuve), el Comité Cívíco Femenino y plataformas ciudadanas.
Fue llamativo que en la testera donde estaba el rector de la Uagrm, Vicente Cuéllar, el vicerrector Reinerio Vargas, entre otras dos autoridades morenianas había una silla reservada, en el medio, con el nombre del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien permanece recluido en la cárcel de Chonchocoro.
- Se exige al Gobierno que deje de buscar factores de confrontación y que cumpla con su rol de gobernar de manera eficiente.
- El gobierno nacional debe dejar de lado la confrontación política y realizar una gestión para solucionar los problemas de escasez de combustibles y diésel; la falta y encarecimiento del dólar; aprobar la liberación de exportaciones y el uso de la biotecnología; otorgar seguridad a los sectores del transporte, gremiales y a los productores en la tenencia y producción de la tierra, para asegurar la seguridad alimentaria.
- Reafirmación de los principios democráticos y constitucionales: Nos dirigimos al pueblo boliviano con la convicción firme de que la Constitución Política del Estado (CPE) y los principios democráticos son la base fundamental de nuestra convivencia pacífica y ordenada. Cualquier intento de socavar estos principios debe ser rechazado de manera unánime y categórica por todas las organizaciones sociales, cívicas y políticas del país.
- Defensa del Censo Nacional y sus resultados: El Censo Nacional realizado el 23 de marzo de 2024 es un instrumento vital para la planificación y distribución equitativa de los recursos del país. Exigimos que se respeten los resultados del censo conforme a lo establecido en la CPE y la Ley 1492, sin alteraciones ni manipulaciones que puedan distorsionar la realidad y afectar los derechos fundamentales y políticos de los bolivianos.
- Rechazo a la reforma parcial de la Constitución vía decreto supremo: Manifestamos nuestro rotundo rechazo a cualquier intento de modificar la Constitución Política del Estado mediante decretos supremos que no respeten el procedimiento legítimo de una Asamblea Constituyente, tal como lo establece el artículo 411 de la CPE. El respeto al marco constitucional es indispensable para la estabilidad y el respeto a la voluntad del pueblo.
- Exigencia al Tribunal Constitucional y al Tribunal Supremo Electoral: Advertimos al Tribunal Constitucional que no es su atribución modificar la CPE mediante sentencias y exigimos al Tribunal Supremo Electoral (TSE) que cumpla con sus obligaciones en la realización de procesos electorales conforme a la Constitución y la Ley 018 del Órgano Electoral. Cualquier incumplimiento será considerado un grave atentado contra la democracia. En este sentido, se destaca que la ALP sancionó la Ley 075 que puso fin a las funciones de los órganos de justicia. No reconocemos los tribunales auto-prorrogados y realizaremos una representación formal al TSE para hacer que se respeten las normas vigentes y el acuerdo suscrito entre las diferentes organizaciones políticas.
- Nuevo padrón electoral: Exigimos un nuevo padrón electoral y un sistema de conteo (TREP) transparente y garantizado, así como la abrogación de la Ley 421.