El viernes una comitiva encabezada por el alcalde de San Ignacio de Velasco, Ruddy Dorado, y la diputada María René Álvarez, fue emboscada por colonos en el área protegida de Bajo Paraguá, cuando realizaban una inspección ante las denuncias y un proceso judicial por avasallamiento y desmontes en ese lugar, que también es reserva forestal.
Tras el incidente, este sábado desde San Ignacio de Velasco, la diputa Álvarez atendió un llamado del programa ¡Qué Semana!, de EL DEBER Radio, donde exigió a las autoridades la paralización de toda actividad dentro del área protegida, ya que en la inspección se pudo constatar graves daños ambientales producto de los avasallamientos, algo que se viene denunciando desde hace tres años. Afirmó que afectación alcanza las 300.000 hectáreas.
“Lo que esta gente hace es, aprovechando los incendios forestales, quemar los espacios donde se van asentando. Esto fue claro porque se pudo evidenciar que el sector donde están las casas, que son de madera y tienen en sus alrededores sembradíos de frutas y verduras, se encuentra verde, y de ahí para adelante todo está quemado”, refirió la autoridad.
La misión del viernes, que también incluía a un fiscal, la jueza agroambiental Evelin Ortega Vallejos y miembros de la ONG Natura, tenía como objetivo evaluar el impacto de incendios y deforestación en esta zona de la Chiquitania.
La inspección marchaba por buen camino hasta que la Policía aprehendió a cuatro dirigentes, lo que encendió la molestia de los avasalladores, que trataron de bloquear los caminos a las autoridades. “A partir de esas aprehensiones comenzaron a surgir las amenazas, comenzaron a organizarse y a bloquear los caminos. Nosotros seguimos adelante, porque llevamos también donaciones”, relató al indicar que afortunadamente lograron salir a salvo del lugar por otro sector hasta llegar hasta San Ignacio.
Al haberse comprobado los avasallamientos, la diputada exige la Justicia actúe con firmeza dictando medidas precautorias que determinen la nula actividad en el área para que se garantice la protección del área. “Se debe proceder al desalojo inmediato de los invasores y retirar todas las construcciones ilegales. Pedimos que cesen de inmediato estos crímenes contra la naturaleza y se respete la integridad de esta área protegida. Tienen que paralizar toda actividad dentro del área protegida, tienen que militarizar la zona e ingresar con efectivos policiales para desalojar a los avasalladores y destruir las casas”, insistió.
Lamentó que, en plena emergencia por los incendios, los avasalladores bloquean los caminos, obstruyendo el paso de los bomberos que necesitan libre tránsito para atender la contingencia.
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