La intoxicación masiva que afectó a más de 200 brigadistas durante la campaña de vacunación contra la rabia en Santa Cruz ha generado una fuerte respuesta de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes). Rocío Rivera, secretaria general de la federación, criticó duramente la manera en que las autoridades han intentado minimizar el incidente, que resultó en la hospitalización de 29 personas.

“Es lamentable cómo están intentando minimizar el tema. No se puede ignorar que alrededor de 8.000 personas estuvieron expuestas. Es inaceptable que se trate de restar importancia a este atentado contra la salud pública, que ha llevado a más de 200 personas a presentar síntomas, algunos de ellos graves", expresó Rivera. 

En ese sentido, afirmó que "este hecho requiere una respuesta contundente, con sanciones administrativas, ejecutivas y penales para los responsables”.

La dirigente también destacó la necesidad de revisar los procesos de contratación del Servicio Departamental de Salud (Sedes), que adjudicó el servicio de catering a la empresa involucrada. Rivera exigió una investigación profunda para determinar si la compañía cumplía con todos los requisitos sanitarios necesarios y si estos fueron debidamente supervisados por las autoridades.

Mientras tanto, el Sedes ha informado que la empresa de catering ha sido temporalmente clausurada, y que se están realizando investigaciones para esclarecer los hechos. Jaime Bilbao, director del Sedes, indicó que ya se han tomado medidas legales contra la empresa y otros posibles involucrados, aunque evitó revelar el nombre de la compañía.

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