Una denuncia pública realizada por el actual gobernador, Luis Fernando Camacho, contra la anterior gestión activó una investigación de oficio por parte del Ministerio Público contra del exgobernador, Rubén Costas, su secretario general, Roly Aguilera y el actual concejal de Demócratas, Manuel Saavedra. Este fue el detonante para que en las últimas horas los fiscales ingresen a las oficinas del Gobierno departamental.

La fiscal Rosmery Barrientos, de la Unidad Anticorrupción, que lideró una visita este martes a la Gobernación, indicó que se retiró documentación específica para dar inicio a la investigación de la denuncia que hizo la administración de Luis Fernando Camacho, sobre el uso de recursos económicos que estaban destinados para la lucha contra el covid-19.

El proceso se activó por el supuesto desvió de 700.000 bolivianos que eran de uso exclusivo a la lucha, contención y prevención del Covid-19, pero que supuestamente se utilizó en actos proselitistas de Demócratas, que tuvo como cabeza visible a Roly Aguilera (fue candidato a la Alcaldía) y que dejó como 'saldo positivo' a Manuel Saavedra, como único concejal de este partido en el municipio de la capital.

“Lo que preocupa más es que los fondos de esos recursos públicos han salido del presupuesto que estaba destinado para la emergencia contra el covid, por lo cual, mientras el pueblo necesitaba estos servicios de salud, el entonces gobernador Rubén Costas hacía campaña política con estos fondos”, dijo Camacho, de acuerdo a una nota publicada por la Dirección de Comunicación de la Gobernación.

Sin embargo, Camacho pidió que dentro del proceso investigativo no exista manoseo político de parte de la Justicia, sino que haya objetividad.

Sobre el ingreso de las autoridades anticorrupción al edificio de la Gobernación, el director del Servicio Jurídico, José Luis Terrazas, indicó que se realizó un levantamiento de la información de las denuncias de manejo inadecuado de los recursos económicos en la anterior gestión.

Agregó que desde el inicio de esta nueva gestión se viene realizando una revisión de toda la documentación para poder corroborar la vinculación directa entre lo contratado, lo publicado y lo pagado. “Lo que nos ha demostrado que se han utilizado recursos públicos para el pago de publicidades privadas, propias de un partido político”, manifestó Terrazas,

Aclaró que no se trató de un allanamiento, sino más bien fue una visita del Ministerio Público coordinada con la Unidad Jurídica, la cual está enmarcada en el proceso de la investigación.

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