La Gobernación de Santa Cruz reveló este martes que la empresa Bioservice S.R.L. fue la responsable del servicio de catering que intoxicó a más de 200 brigadistas durante la campaña de vacunación canina contra la rabia. 

El secretario de Justicia de la Gobernación, Carlos Eduardo Correa, confirmó que se presentó una denuncia ante la Fiscalía Departamental contra el representante legal de la empresa, Bruno B.B.A, y un funcionario del Servicio Departamental de Salud (Sedes), por presuntos delitos de atentado contra la salud pública e incumplimiento de deberes.

Correa explicó que la denuncia se basa en irregularidades detectadas en el proceso de contratación del servicio de catering, realizado de manera personal por Rubén Darío P.S., auxiliar administrativo del programa de Zoonosis del Sedes. "Nos llama la atención que este funcionario haya suscrito el contrato a título personal, sin representación oficial de la Gobernación", señaló Correa.

Además, se descubrió que Bioservice S.R.L. había sido contratada de manera similar en 2023, lo que plantea interrogantes sobre cómo y por qué esta empresa obtuvo el contrato nuevamente en 2024. "Vamos a investigar cómo llegó esta empresa al gobierno autónomo departamental y por qué fue contratada de nuevo", agregó el secretario.

La Gobernación ya solicitó la documentación de contratación para esclarecer los hechos y coadyuvar en la investigación del Ministerio Público. Se espera que la Fiscalía admita la denuncia y que en los próximos días se inicie el proceso de declaración de los implicados. Correa no descartó que el director del Jaime Bilbao, pueda ser llamado a declarar en calidad de testigo.

"Si es necesario, se lo va a llamar (al director del Sedes, Jaime Bilbao) primeramente en calidad de testigo, para que él preste sus descargos, vea qué participación tuvo dentro de este programa y, bueno, la investigación y los indicios dirán a quién más se llame", señaló Correa.

El caso generó críticas por parte de la Federación de Sindicatos de Ramas Médicas de Salud (Fesirmes), que había acusado directamente al Sedes de encubrir a la empresa responsable y minimizar la gravedad del incidente. Según Rocío Rivera, secretaria general de Fesirmes, "esto fue una intoxicación alimentaria que afectó a cientos de personas, y el Sedes debe asumir su responsabilidad". 

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