“La Defensoría del Pueblo sirvió como un canal para que una negociación se lleve adelante”, así justificó Sheila Gómez, delegada defensorial en Santa Cruz, su intervención este martes en Mairana. Tres reconocidos abogados valoran la intervención para preservar la seguridad de los policías y periodistas secuestrados por los bloqueadores.
La liberación de los bloqueadores despertó el descontento y malestar de una parte de la población que consideró la medida como muy permisiva.
La representante de las esposas de la Policía Boliviana, Guadalupe Cárdenas fue muy crítica con la manera de proceder en las negociaciones. “En el intercambio de rehenes, los policías fueron devueltos en malas condiciones, con heridas en varias partes del cuerpo, en las manos y en la cabeza. Los arrestados estaban sanitos y muchos de ellos ebrios. Hay orden para que no se los toque”, declaró.
Mairana se convirtió ayer martes en un campo de batalla entre policías y bloqueadores. Los uniformados llegaron al municipio para reestablecer el orden, retomar el control de las instalaciones policiales tomadas el día anterior y liberar la ruta para el tránsito de vehículos.
En el lugar, un numeroso grupo de bloqueadores hizo frente con dinamitas, piedras y palos. Fueron varias horas de violentos enfrentamientos que perturbaron la tranquilidad de los pobladores. Los vecinos de Mairana insisten con su versión de que los violentos no son del municipio.
La calma se impuso entre medio de noticias alarmantes. La Policía hablaba de uniformados retenidos por los bloqueadores. También de periodistas secuestrados. Además se contaba con 14 bloqueadores arrestados por la fuerza del orden.
“La negociación la inició el Comandante Departamental de la Policía de Santa Cruz”, relató Gómez a EL DEBER Radio. Representantes de la Defensoría del Pueblo se sumaron a una negociación que “consistía en un intercambio” entre policías y periodistas secuestrados, por un lado, y bloqueadores arrestados, por otro, explicó.
Sheila Gómez justificó la mediación para “evitar una situación de mayor violencia”.
El exministro de Justicia y Derechos Humanos, Carlos Goitia, priorizó “el rescate de las víctimas de la forma más rápida inmediata y segura”. De manera enfática insistió en que “no importa, quién ha hecho la negociación”, lo relevante es la liberación de los rehenes.
“El uso de la fuerza en este tipo de situaciones no debe poner en riesgo, la vida de quienes están siendo víctimas de estos secuestros”, matizó.
Por tanto, un intercambio de rehenes como el ocurrido en Mairana “no implica ni supone que se liberen a las personas que han llevado a cabo esos hechos de los procesos correspondientes”, aseguró a EL DEBER.
Goitia remarcó que corresponde “activar inmediatamente el mecanismo de enjuiciamiento e imposición de sanciones a quienes están cometiendo el hecho delictivo y el resarcimiento a las víctimas”.
Al respecto, el Fiscal General del Estado, Roger Mariaca, aseguró en conferencia de prensa que investigará los hechos de violencia ocurridos en Mairana y que no tolerará ninguna forma de agresión, contra periodistas o la población en general.
Para el abogado constitucionalista William Herrera, la posición asumida por la Defensoría del Pueblo reveló “una medida desesperada quizás sugerida el Gobierno”.
Teme que acciones como las de ayer generen un “precedente, pues se pierde totalmente el principio de autoridad y eso supondría que el Estado se somete a quienes están haciendo bloqueos”.
Herrera consideró como una muestra de debilidad el accionar del Gobierno al liberar a los bloqueadores arrestados. “Tiene los mecanismos que le permite la propia Constitución y en un caso como este dictar el Estado de excepción para restablecer el orden”, afirmó en un contacto con EL DEBER.
El analista y abogado Israel Quino compartió similar criterio. Justificó “el bien mayor” y “el resguardo de los derechos humanos de los dos colectivos afectados” como argumento para respaldar las negociaciones.
La intervención de la Defensoría del Pueblo, explicó Quino, se enmarca en “velar por la vigencia y cumplimiento de los derechos humanos, entonces intercede, ante la Policía porque no hay causa abierta en materia penal”. La liberación de los bloqueadores arrestados se produjo, según la explicación del abogado, en la ausencia de “una figura jurídica procesal concreta (…) al no identificar un delito, no identificar una lesión leve o grave los libera y, de manera posterior, ya no podría iniciar algún proceso penal”.
Dejó abierta la posibilidad de iniciar procesos posteriores si los policías agredidos deciden presentar contra sus agresores una denuncia por lesiones graves o leves.
Fueron 27 los policías heridos en Mairana en un ataque de encapuchados bloqueadores afines a Evo Morales. Hubo rehenes entre los que figura un coronel. Fueron golpeados y les despojaron de sus gases, cascos, billeteras y celulares
“Estamos a días de un feriado importante (Todos Santos) y no puede ser que no hagamos la conciencia para que se pueda restablecer la paz social”, cuestiona Roger Mariaca a los bloqueadores evistas