La justicia ordenó la detención preventiva en la cárcel de Palmasola de un jefe de la policía que fue aprehendido e imputado por delito de violencia familiar y doméstica y por aborto forzado contra su pareja, una mujer de 26 años.

Se trata del mayor Edwin Boris Durán Quiroga, con funciones asignadas en la estación policial de Los Tusequis.

Según las investigaciones de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (Felcv) y la Fiscalía, el hecho de violencia fue denunciado el 28 de mayo.

La mujer aseguró que fue sometida a golpes por parte de su pareja en su domicilio. Ella se encontraba en estado de gestación por más de dos meses y como consecuencia del ultraje sufrió dolores. Le avisó a su pareja, el mayor Boris Durán para pedirle ayuda y la traslade a un hospital. Sin embargo, denunció a que el policía se molestó y le suministró tabletas para que aborte por la fuerza.

La mujer fue trasladada al menos a dos centros de salud y como consecuencia de su grave estado fue sometida a un legrado.

Tras la denuncia, la Felcv procedió a la aprehensión del jefe policial dando cumplimiento a la resolución emitida por la fiscal asignada, Nancy Carrasco.

El mayor Edwin Boris Durán Quiroga fue imputado por delito de violencia familiar y doméstica además de aborto forzado. La fiscal Carrasco lo presentó ante la jueza cautelar Alejandra Menacho y pidió su detención en la cárcel, por considerar la existencia de pruebas.

En audiencia la fiscal fundamentó que es evidente la violencia que sufrió la mujer a manos de su pareja. Además, aseguró que el imputado tiene antecedentes por violencia contra su ex esposa.

La jueza Menacho hizo una valoración de las dos partes y dio la palabra al imputado antes de emitir el fallo. El mayor Boris Durán, en su defensa negó mantener relación y menos convivir con la denunciante. Aseguró que ha vuelto a vivir con su esposa con la que tiene dos hijos menores con discapacidad.

Al final la jueza dictó 90 días de detención en la cárcel de Palmasola. La Fiscalía apeló el veredicto al igual que el abogado Joadel Bravo, que defiende a la víctima.

Discapacitada para procrear

El abogado Joadel Bravo aseguró que respeta el fallo judicial pero no lo comparte al considerar que el imputado es un jefe policial, que conoce y no tuvo contemplación en someter a golpes a su pareja. Dijo que la Fiscalía adjuntó incluso textos de amenaza que el hombre enviaba a su pareja porque frente a la jueza negó haber mantenido relaciones y peor vivir con ella.

“Mi defendida producto del ultraje está quedando discapacitada para procrear hijos. Hay textos cuando el mayor, le dice que aborte, que incluso sus hijos eran una maldición. Sin embargo, ahora frente a la jueza, el jefe policial usa a sus hijos discapacitados para que no lo envíen a la cárcel”, dijo.

La defensa también observó que la Didipi rechazó una denuncia para someter a proceso disciplinario al mayor presentada por violencia por su exesposa.

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