El alcalde de Santa Cruz de la Sierra, Jhonny Fernández, se desmarca de las acusaciones realizadas por el abogado de Angélica Sosa, Joadel Bravo, y considera que se trata de una cortina de humo para "contaminar la investigación" sobre el caso ítems fantasmas.

"Quieren desviar el proceso y entrar en el juego político", dijo el alcalde en la red Unitel al rechazar las acusaciones hechas por Bravo en las que implica a exfuncionarios de la UCS en la supuesta venta de cargos públicos por elevadas sumas de dinero. El abogado de Sosa sindicó a la exsecretaria Ana Gloria Salazar como una de las personas que  cobró hasta $us 5.000 por ítem.

Fernández evitó responder sobre la vinculación de Salazar con la UCS, a pesar de que operaba en un despacho asignado a dicho partido en el Concejo Municipal, pero dijo que la funcionaria ingresó a trabajar en 2016, un año antes de que él asumiera como concejal.

A pesar de desmarcarse de la acusación, el alcalde solicita que "se investigue por la vía legal, acompañando las pruebas, y no por lo público". Recalca que desde el 2017 hizo varias denuncias ante la Contraloría, pero no profundizó los casos.

Fernández acudió la tarde del lunes ante el Ministerio Público para presentar una ampliatoria a la denuncia sobre los 1.205 contratos irregulares detectados durante la gestión de la exalcaldesa Angélica Sosa. Debido a la carga laboral de la comisión de fiscales, se suspendió la declaración del burgomaestre hasta una nueva fecha.

Además de ampliar su declaración ante los fiscales, Fernández quiere entregar nueva documentación que evidenciaría las irregularidades cometidas por la anterior gestión municipal. Con la presentación de "elementos contundentes", el alcalde espera que "el proceso pueda seguir y se castigue este hecho tan vergonzoso para Santa Cruz".

La denuncia por contratos irregulares se presentó en mayo del 2021, antes de completar el primer mes como alcalde. De acuerdo con la denuncia hecha por el actual gobierno municipal, cada mes se requería unos Bs 25 millones para pagar al personal con ítems irregulares. En un primer momento, el Fiscal Departamental, Róger Mariaca, desestimó el caso. No obstante, luego de que Valeria Rodríguez, denunciara a su expareja, el exdirector de Recursos Humanos Antonio Parada, de crear 800 ítems fantasmas, la causa se volvió a reabrir a solicitud del Fiscal General del Estado Juan Lanchipa.

Fernández asegura estar dispuesto a acompañar el proceso y prestar toda la colaboración a la policía y a la Fiscalía para que se aclaren las denuncias. Por ello, aguarda la nueva citación del Ministerio Público para entregar "más información que se hará llegar oficialmente".

"No vamos a entrar en el juego político de debatir por las redes sociales los pormenores del caso. Todas las pruebas se las entregará a la Fiscalía", dijo el burgomaestre.

Finalmente, espera que el caso avance y "se diga a cuánto alcanza el daño económico (causado) a los cruceños".

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