La Fiscalía dictó una resolución de sobreseimiento en favor del capitán de Policía Víctor Hugo Santalices Jáuregui denunciado penalmente y reconocido como uno de los principales responsables de agresiones a periodistas de Santa Cruz durante protestas ciudadanas de enero de 2023 luego de la detención del gobernador Luis Fernando Camacho.
La fiscal Marioly Torrez Jurado, especializada en Delitos contra la Integridad personal, presentó de manera oficial su requerimiento conclusivo de sobreseimiento en favor del capitán Víctor Hugo Santalices, por considerar que no existen las pruebas suficientes de que el oficial fuera quien participó en los hechos que causaron lesiones graves a los periodistas de la red Unitel.
El requerimiento de sobreseimiento fue presentado al juzgado del control jurisdiccional de la jueza cautelar Ana Gloria Rojas.
Víctor Hugo Santalices era teniente cuando pertenecía a la UTOP de Cochabamba y se trasladó a Santa Cruz para las acciones desarrolladas contra pobladores que participaron de las protestas. A principios de este enero de 2024, que ascendido al grado de capitán según los informes oficiales.
A inicios de mayo pasado, la fiscal Marioly Tórrez, dentro de las investigaciones por delitos de lesiones graves y leves y atentado contra la libertad de prensa, requirió una audiencia de conciliación entre el capitán Santalices y los periodistas considerados como víctimas en busca de un acercamiento y solución.
Los periodistas y el oficial acudieron a la audiencia. Durante el acto el capitán Santelices ofreció a los periodistas la suma de $us 100 como resarcimiento por los daños causados y algunos gastos. Esta propuesta fue calificada como “indignante” por gremios periodísticos que defienden la libertad de expresión.
Las investigaciones señalan que la madrugada del 1 de enero de 2023 el periodista de Unitel Miguel Ángel Rivero Manaira y su camarógrafo Joel Orellana se encontraban en cobertura en el segundo anillo por el Comando de la Policía. En esos momentos los periodistas vieron la detención de una persona por lo que activaron para realizar su trabajo. Luego fueron agredidos por un oficial vestido de negro que fue identificado como el teniente Santalices. Luego llegaron al menos ocho policías más que también actuaron con violencia.
El periodista trató de defender a su camarógrafo, pero ambos fueron golpeados, tirados al piso, los estaban trasladando al comando. En el trayecto encontraron a un coronel que ordenó su libertad y fueron trasladados a un centro médico en una ambulancia.
Los periodistas sufrieron lesiones en partes del cuerpo y el rostro, además sus equipos fueron deteriorados y les arrebataron sus teléfonos celulares.
Durante las investigaciones la Fuerza Especial de Lucha Contra el crimen (Felcc), activó con la participación del Instituto de Investigaciones, Técnicos Científicas de la Universidad Policial (IITCUP), que realizó el desdoblamiento de equipos de comunicación y adjuntó imágenes grabadas por los periodistas sobre los hechos durante las protestas y principalmente las agresiones que sufrieron.
En su resolución la fiscal Marioly Torrez, consideró que en el transcurso de la investigación no ha existido prueba fehaciente que demuestre que el imputado ha sido la persona que agredió físicamente a los periodistas. Tampoco cursa desfile identificativo donde las victima puedan referir de qué forma el teniente denunciado los agrede, ya que las víctimas señalan que fueron varios policías que los agarraron de manera violenta por lo cual existe duda respecto si el imputado habría ocasionado las lesiones en las victimas.
Asimismo, no se registra ningún elemento que refiera que el imputado impidió o estorbó la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión, siendo que ninguna de las víctimas lo sindican directamente.
La denuncia por las agresiones fue presentada por la Asociación de Periodistas, a la cabeza de Roberto Méndez y de la asesora la abogada Raquel Guerrero.
El fallo de sobreseimiento en favor del oficial identificado como uno de los principales responsables de las agresiones, tendrá que ser elevado en consulta ante el fiscal departamental Róger Mariaca que tras un análisis puede revocar o confirmar.
Los gremios de periodistas cuestionaron de manera permanente las acciones violentas de policías contra los informadores de diferentes medios de comunicación en coberturas de protestas pacíficas de ciudadanos de Santa Cruz.
Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza identificaron a los policías de la Utarc que estuvieron a cargo de las detenciones, así como en los interrogatorios vinculados al denominado 'caso terrorismo'. El Estado tiene hasta julio para conciliar y evitar un juicio internacional